La Defensoría del Pueblo presentó ante el Congreso un proyecto de ley a fin de establecer parámetros que aseguren la independencia del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).
En la iniciativa se plantean modificaciones al decreto legislativo 829, referido a dicha entidad, a fin de garantizar su autonomía y la idoneidad de los integrantes de su consejo directivo. La Defensoría plantea, con tal fin, que estos sean designados por concurso público; proceso que estará a cargo de una comisión especial.
El proyecto de ley deriva de lo señalado por este organismo en su Informe de supervisión al Poder Ejecutivo en relación con la libertad de prensa.
Sustento de la norma
Para sustentar esta iniciativa, la Defensoría señala que la actual modalidad de designación del presidente ejecutivo y los miembros del consejo directivo del IRTP “no favorece su independencia ni autonomía”. “Por el contrario, propicia el condicionamiento de la línea de trabajo periodística de los medios de comunicación estatales a su cargo”, indica la institución.
En ese sentido, el concurso a efectuarse para la designación de los funcionarios mencionados estará a cargo de una comisión especial, integrada por el presidente del Consejo de Ministros, que la encabezará, y representantes del Ministerio de Cultura, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, respectivamente.
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También participarán de ella el decano presidente del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú y un decano de las facultades de Ciencias de la Comunicación, ciencias sociales o ciencias humanas de las universidades públicas y otro de las universidades privadas, respectivamente. También se pide tener experiencia en cargos directivos por lo menos durante cinco años.
Otros requisitos son los de no tener sentencia condenatoria de primera instancia, por delito doloso, no haber sido inhabilitado por sentencia judicial firme, no haber sido sancionado en la administración pública o privada por falta grave o muy grave, por infracción al régimen de transparencia o al acceso a la información pública.
Tampoco se deberá tener deudas alimentarias o tributarias-
El periodo de gestión de los miembros del consejo directivo de IRTP será de cinco años; es decir, más del doble de lo que se contempla actualmente. Ellos podrán ser cesados al renunciar, fallecer, al vencer el plazo de su designación, por tener alguna discapacidad física permanente o por no reunir los requisitos para el cumplimiento de sus funciones.
Entre los requisitos para ello se establece el de contar con amplia experiencia en el ámbito periodístico, en la gestión y difusión cultural, educación u otras actividades vinculadas a los objetivos del IRTP, por un lapso no menor de diez años. En ese contexto, el proyecto de ley establece que el objetivo de esta institución es el de colaborar en la política estatal de la formación educativa y cultural del país.
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Entre sus objetivos institucionales está desarrollar una programación de enfoque intercultural e inclusivo. con espacios educativos, culturales, informativos y de esparcimiento, que alcancen a toda la población.
ANDINA