La Defensoría del Pueblo cuestionó hoy la aprobación del informe de Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Legislativo que archiva la denuncia constitucional de fiscalía contra Manuel Merino y dos exministros por los hechos ocurridos en las movilizaciones sociales de noviembre de 2020.
“Con esta decisión el Estado incumple deber de investigar exhaustivamente toda violación a derechos humanos. Evaluaremos las vías jurídicas pertinentes para corregir afectación a los derechos de familiares de los fallecidos y víctimas”, apuntó la institución en su Twitter.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó este viernes la Denuncia Constitucional 132 que interpuso la exfiscal de la Nación, Zoraida Avalos, contra Manuel Merino, el exjefe de Gabinete Ántero Flores-Aráoz y el extitular del Interior Gastón Rodríguez, por la supuesta comisión por omisión del delito de homicidio, lesiones graves y lesiones leves, contra Inti Sotelo, Bryan Pintado, Fermín Cruz y otros.
Con voto dirimente de la titular de la subcomisión, Rosio Torres (Alianza para el Progreso), se archivó la denuncia constitucional después de que el congresista delegado Alejandro Cavero de Avanza País sustentara el informe final sobre el tema.
Rechazamos aprobación del informe de Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de @congresoperu que archiva denuncia constitucional de @FiscaliaPeru contra expresidente Merino y dos exministros por sucesos ocurridos durante movilizaciones sociales de 11/2020. (1/2) pic.twitter.com/hduOXlJvkQ
— Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) June 17, 2022
Los siete congresistas que respaldaron el archivamiento fueron Rosio Torres, Alejandro Cavero, Martha Moyano, Ernesto Bustamante, Hernando Guerra-García, Wilson Soto y Alejandro Muñante.
Se opusieron Segundo Quiroz, Edgard Reymundo, María Taipe, Paul Gutiérrez, Alfredo Pariona, Jorge Flores y José Jerí. En abstención votó María Acuña.
Manuel Merino: Archivan denuncia por muertes en noviembre de 2020
En la exposición de su informe, Alejandro Cavero indicó que no se puede concluir que los tres imputados se relacionen con los hechos de violencia de parte de efectivos de la Policía Nacional en específico, debido a que no hubo órdenes concretas ni una cadena de mando legal-administrativo específico.
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