La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas ( productores de hoja de coca ) planteará un nuevo pacto social, particularmente con los productores de hoja de coca, que incluyan los derechos y obligaciones como ciudadanos en relación al tráfico ilícito de drogas y otras actividades ilícitas para reducir sosteniblemente el área de cultivos y la producción de estupefacientes.
El presidente ejecutivo de la entidad, Ricardo Soberón, refirió que la propuesta se dará en el marco de la Política General del Gobierno 2021-2026 y la Política Nacional Contra las Drogas al 2030.
“El enfoque de nuestra gestión en Devida es la sostenibilidad y progresividad del trabajo que se realice en todas las áreas dentro y fuera de la institución, así como un enfoque de respeto irrestricto de derechos, especialmente para aquellos en riesgo de cultivar, producir y usar drogas legales e ilegales”, enfatizó.
Soberón resaltó que para este trabajo es “necesario robustecer el presupuesto público para financiar proyectos de desarrollo alternativo que benefician de manera directa a la población”.
Detalló que el Gobierno a través de cada uno de sus sectores desplegará todas las posibilidades de política con las que se cuenta para lograr el cumplimiento de la Política Nacional Contra las Drogas al 2030, aprobada y publicada en diciembre del 2020.
Como consecuencia de la pandemia y las restricciones presupuestales, dijo, se registró una disminución presupuestal para el 2022 de S/. 29.3 millones (28% menos que en 2021), situación que deberá superarse.
Recalcó que es necesario un incremento de recursos al Programa Presupuestal de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (Pirdais) y un ligero incremento para la interdicción focalizada en las zonas el tráfico ilícito de drogas.
Soberón precisó que especialmente se trabajará en mejorar la capacidad de la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial entre otros organismos del Estado, a fin de implementar una labor articulada en contra del crimen organizado.
Nuevo pacto ciudadano en la región andina amazónica
En otro aspecto, desde Devida se impulsará un nuevo pacto ciudadano en la región andina amazónica, que incluye tres elementos: consolidación y el fortalecimiento del Pirdais en las regiones donde el desarrollo alternativo ha tenido éxito, beneficiando a 137,700 familias para 99,200 hectáreas de promoción de cadenas de valor.
“Para esto, necesitamos mejorar la espalda financiera de Devida como ente rector; así como se requiere la restructuración o cambio de modelo empresarial para mejorar el control y promoción de los usos legales de coca, ya que de las 11,700 TM para satisfacer la demanda de 5.9 millones de consumidores tradicionales, el actual ente solo acopió 2,160 TM en el 2020; incluyendo un empadronamiento moderno, que servirá para convencer y formalizar a los productores de coca”, puntualizó Soberón.
En esa línea, manifestó que esta labor permitirá reducir el desvío de coca hacia el tráfico ilícito de drogas; y se impulsará una política de erradicación de cultivo de arbusto de hoja de coca, con mayor énfasis en las zonas que pongan en peligro los territorios de los pueblos indígenas, las comunidades nativas, las áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento, los bosques vírgenes y otras zonas que determine el Estado.
En el plano internacional, se trabajará junto a la Cancillería, una propuesta fundada en el principio del respeto irrestricto de la Responsabilidad Común y Compartida y de plena cooperación horizontal con los países fronterizos, el hemisferio americano incluyendo Canadá y los Estados Unidos, Europa y otros continentes; así como, organismos multilaterales y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
“En tal sentido, y tomando en cuenta las cifras de Devida, del Informe Mundial de Drogas 2021 de Naciones Unidas sobre el impacto relativo que tiene la interdicción a secas en los esfuerzos que realizan los Estados plantearemos la conformación de una mesa de donantes para cooperación técnica y financiera compuesta por los principales países consumidores de cocaína”, señaló.
El objetivo, indicó, es alcanzar las metas de la Política Nacional, fundada en la lucha eficaz contra el tráfico ilícito de drogas, el respeto de los pueblos indígenas, la protección de los bosques de la Región Andino- Amazónica y el logro de contribuciones nacionales para reducir las emisiones de carbono.
Finalmente, con relación a la implementación Política Nacional Contra las Drogas al 2030 y en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) se trabajará un proceso selectivo de actualización e implementación, que permita el concurso de los actores sociales, de los gobiernos municipales y regionales y sociedad civil, a fin asegurar la reducción sostenible de la oferta de drogas e incidir eficazmente en el sistema de control de insumos químicos y contra el lavado de activos.
Con información de andina.pe