QUITO (Ecuador).- Representantes de organizaciones sociales y sindicales de Ecuador se pronunciaron hoy contra la Ley de Inteligencia, promovida por el Gobierno de Daniel Noboa y que catalogan como institucional.
Este lunes, mientras la Corte Constitucional analiza las demandas contra esa normativa, un grupo de ciudadanos se concentró en las afueras del recinto judicial, en Quito, para expresar su rechazo a la Ley, que permite la interceptación de comunicaciones sin orden judicial.
La secretaria técnica del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Rosana Palacios, declaró a la prensa que esa disposición vulnera los derechos más básicos de los ecuatorianos.
El artículo cinco de la Ley crea un sistema nacional de inteligencia controlado por los mismos policías, militares, y Gobierno que persiguen a quienes pensamos diferente, mencionó Palacios, que pidió a la Corte defender los derechos de la ciudadanía.
Isabel Vargas, presidenta de la Federación de Barrios de Quito, coincidió en que la creación de una Unidad de Inteligencia otorga plenos poderes a las autoridades, que gozarían de impunidad.
Tratan de intimidar al pueblo y podría haber falsos positivos, advirtió Vargas.
El vicepresidente de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas (Cedocut), Luis Pozo, mencionó un caso ocurrido este fin de semana, cuando dos agentes policiales dispararon a un joven de 26 años que posteriormente falleció.
Según Pozo, con una ley como la de Inteligencia, dichos policías no serían juzgados.
Entretanto, se desarrolla la audiencia donde los magistrados escuchan a quienes presentaron pedidos de impugnación contra la normativa, así como a representantes del Ejecutivo y el Legislativo, que la defienden.
La semana pasada, la Corte realizó audiencias sobre las leyes de Integridad Pública y Solidaridad Nacional, dos normas que al igual que la de Inteligencia, están parcialmente suspendidas.
Para Noboa, la decisión de frenar temporalmente sus iniciativas limita la capacidad de su Gobierno para enfrentar la corrupción y fortalecer políticas de seguridad, por lo cual convocó a una marcha contra la Corte que reunió a miles de personas en Quito el pasado 12 de agosto.
“Son tan groseras las leyes económicas urgentes que la Corte Constitucional tiene que negarlas y ahora la atacan. Pero esa Corte, herencia del Trujillato, es una de las causantes de todo lo que ha pasado: blindó a la Fiscal para que siga impune persiguiendo, (…), permitió abusos en contra de la exvicepresidenta Verónica Abad”, comentó el expresidente Rafael Correa a propósito de la situación.
Fuente y foto Prensa Latina