QUITO.- Paola Pabón, la prefecta opositora de la provincia andina de Pichincha y quien estuvo detenida por más de 70 días, retomó este jueves sus funciones luego que el pasado martes una corte de justicia de Ecuador, con sede en Quito, decidiese revocar la prisión preventiva en su contra.
“Hoy vuelvo a la Prefectura de Pichincha con mayor ánimo, con más apoyo ciudadano y con grandes retos y desafíos para el 2020”, escribió Pabón en su perfil de la red social Twitter en el que publicó un video en el que se aprecia a gente que la recibe con besos y abrazos.
Añadió, además, fotografías en las que se la aprecia en su despacho ofreciendo entrevistas y revisando documentos.
“De nuevo en mi despacho, con mucho trabajo y requerimientos de los pichinchanos y pichinchanas, nos pondremos al día y seguiremos con el mismo espíritu y compromiso”, aseguró en su cuenta de Twitter la prefecta, que había sido detenida por supuesta rebelión.
El pasado martes, la Fiscalía del Estado confirmó que la jueza subrogante Patlova Guerra aceptó el pedido de revocación de la prisión preventiva a la que estaba sometida Pabón y cambió esa medida cautelar por presentaciones periódicas ante la autoridad para continuar con el proceso.
“Pese a argumentación de Fiscalía, presidenta subrogante de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Patlova Guerra, aceptó revocatoria de prisión preventiva” para Pabón, así como para el exlegilsador Virgilio Hernández y el activista Christian González, contra quienes “dictó presentaciones periódicas”, señaló el Ministerio Público en su cuenta de la red social.
Decenas de simpatizantes de Pabón y de los otros acusados celebraron entonces el fallo judicial en los alrededores de la Corte de Pichincha y aseguraron que ahora podrían defenderse en libertad.
Uno de los abogados de Pabón indicó que su cliente deberá llevar un dispositivo (grillete) electrónico de localización, otra de las medidas fijadas por la jueza Guerra.
La defensa de Pabón había solicitado el pasado 6 de diciembre su liberación inmediata, luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera ciertas medidas cautelares en favor de ella y los otros dos detenidos.
Pabón y González habían sido detenidos tras las violentas protestas de principios de octubre, contra unos ajustes económicos anunciados por el Gobierno, sobre todo la eliminación de un subsidio al precio de los combustibles, atado a un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Las manifestaciones, lideradas por el movimiento indígena que ocurrieron entre el 3 y el 13 de octubre, concluyeron luego de que el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, diera marcha atrás en su decreto sobre la eliminación del subsidio a los carburantes.
No obstante, Moreno interpretó como un intento de golpe de Estado a los actos violentos de las manifestaciones y culpó de ello al expresidente Rafael Correa (2007-2017), salpicando así a varios de sus seguidores como Pabón, Hernández, González y otros, pero todos ellos han negado ese extremo.
Tras las protestas, que dejaron al menos ocho muertos, más de 1.300 heridos, y millonarias pérdidas económicas, la CIDH visitó el país para constatar la situación de los derechos humanos ante las denuncias de actos violentos provocados por los manifestantes, así como de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden.
La CIDH consideró que se reunían “los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad”, por lo que solicitó al Estado ecuatoriano que adopte “medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad” de los tres acusados. EFE
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