WASHINGTON.- El juez Thomas Ellis, quien preside la corte federal que procesa a Paul Manafort, exjefe de campaña del presidente Donald Trump, denunció que recibió amenazas en relación a la causa que podría dejar al ex funcionario en prisión para el resto de su vida.
El magistrado aseguró que ha sido víctima de intentos de intimidación debido a su papel de árbitro en la causa con jurado contra Manafort, que ha generado grandes expectativas por sus implicaciones en la investigación de la supuesta trama rusa, informó el diario estadounidense La Opinión.
El entonces candidato presidencial, Donald Trump, acompañado de su asesor de campaña, Paul Manafort, actualmente procesado por el caso de la trama rusa.
De esta manera Ellis respondió a la petición de distintos medios estadounidenses para que se hagan públicos los nombres y algunos datos de los doce miembros del jurado, algo que fue rechazado por el juez, quien alegó motivos de seguridad.
Estas declaraciones se produjeron durante una audiencia en la corte federal del Distrito Virginia Este, donde se juzga el caso, mientras que el jurado deliberaba por segundo día sobre la culpabilidad de Manafort en 18 cargos por fraude fiscal y bancario, imputados en el marco de las pesquisas de la trama rusa.
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Manafort, que se declara no culpable, fue enviado a la cárcel el 15 de junio tras haber intentado influir en las declaraciones de al menos dos testigos, lo que colmó la paciencia de la jueza de su otro juicio pendiente, quien le mantenía el arresto domiciliario desde octubre, cuando se entregó al FBI.
Por su parte el fiscal especial Robert Mueller investiga desde mayo de 2017 de manera independiente al Gobierno los posibles lazos entre miembros de la campaña de Trump y el Kremlin, al que las agencias de Inteligencia de EE.UU. acusan de interferir en los comicios presidenciales de 2016.
Manafort supuestamente trabajó entre 2006 y 2017 para gobiernos extranjeros, incluido el Ejecutivo prorruso del expresidente ucraniano Víktor Yanukóvich (2010-2014), y para oligarcas rusos, a los que ayudó a mejorar su imagen en Washington sin comunicárselo al Gobierno de EEUU, lo que constituye un delito.
El proceso contra él es producto de la investigación de Mueller, pero no está relacionado directamente con las actividades que desempeñó entre marzo y agosto de 2016 en la campaña del mandatario, donde llegó a ser el jefe hasta que se vio obligado a dimitir por ocultar el cobro de 12,7 millones de dólares pagados por Yanukóvich. (ECHA- Agencias)