NUEVA YORK.- Las autoridades federales en Nueva York anunciaron hoy cargos contra tres piratas informáticos acusados de atacar el año pasado al banco JPMorgan y otras once entidades a las que robaron información confidencial de sus clientes.
Los tres acusados, identificados como Gery Shalon, Joshua Samuel Aaron y Ziv Orenstein, se enfrentan a 23 cargos en un caso que las autoridades consideran “el mayor robo de datos de clientes en la historia de las instituciones financieras en EEUU“.
Los investigadores estiman que los tres piratas informáticos habrían robado los datos confidenciales de unos 100 millones de clientes de esas entidades, incluida la información de sus cuentas de ahorro.
Se trata de la primera vez en que la fiscalía federal del distrito sur de Nueva York vincula a los tres acusados con el ciberataque del año pasado sufrido por JPMorgan y otras entidades, según detalla el periódico The Wall Street Journal.
Además del banco neoyorquino, también fueron víctimas de esa “sofisticada” serie de ciberataques coordinados otras entidades como el grupo Dow Jones y las firmas de corretaje ETrade Financial y Scotrade, entre otros, según el mismo diario.
“El caso continúa adelante y nosotros seguimos cooperando con las autoridades”, dijo en un comunicado una portavoz de Dow Jones, Ashley Huston, mientras que fuentes de JPMorgan confirmaron que el banco también está colaborando en la investigación.
El FBI forma parte de la investigación que busca determinar el origen de este ciberataque masivo y si la motivación que hay detrás es simplemente económica o se enmarca en una operación de inteligencia o espionaje internacional.
Cuando se llevaron a cabo los ciberataques en agosto del 2014, se especuló con la posibilidad de que tuvieran vínculos con países como Rusia o Irán, pero hoy se conoció que dos de los acusados son ciudadanos israelíes y el otro estadounidense.
El sector bancario de EEUU ha sido objetivo frecuente de los piratas informáticos en los últimos años, aunque la mayoría de los ataques tuvieron un móvil económico y en este ocasión los expertos en seguridad siguen sin encontrar motivaciones políticas.