Abdel Fattah al-Sisi, presidente de Egipto, ratificó una nueva ley antiterrorista que, entre otras cosas, establece penas graves para los periodistas que publiquen informaciones distintas de la versión oficial en caso de atentados. Las penas pueden llegar hasta la prohibición de ejercer durante un año.
El objetivo oficial es crear tribunales especiales para dar protección jurídica los miembros de las fuerzas del orden, establece un abanico de condenas para las actividades terroristas, que van desde cinco años de cárcel a pena de muerte.
En El Cairo las opiniones están divididas. Para el periodista Ayman Fayed, “la crítica periodística es legítima pero, por otro lado, el Estado necesita leyes como ésta para combatir el terrorismo”; sin embargo, para el experto en medios de comunicación Omar Hosni “terrorismo es un término muy amplio que permite limitar enormemente la libertad de prensa”.
La ley debería dar una interpretación más clara y precisa de la palabra terrorismo, sin restringir las libertades”. Para la corresponsal del canal France 24 en Egipto, Assia Shihab, “la noción de terrorismo es muy vaga… Todos los opositores del régimen, no sólo los islamistas, son víctimas de la represión que ejerce el poder”.
En caso de condena, los periodistas –tanto nacionales como extranjeros- pueden tener que pagar multas de hasta 60.000 euros (en un país donde el salario medio de un informador no llega a los 500 euros), y en el peor de los casos no poder ejercer la profesión durante un año, en caso de publicar “informaciones falsas”. Las restricciones conciernen también a los usuarios de redes sociales y a las voces discordantes de la oposición.
Para la mayoría de los periodistas egipcios, la promulgación de esta ley lo que hace es “llover sobre mojado”. Según el Comité para la protección de los periodistas, nunca fue tan elevado como ahora el número de periodistas encarcelados en Egipto: actualmente hay dieciocho entre rejas, la mayoría acusados de pertenecer o simpatizar con los Hermanos Musulmanes, como los tres reporteros del canal qatarí Al Jazeera juzgados en julio de 2015: el australiano Peter Greste, el canadiense Mohamad Fahmy y el egipcio Baher Mohamed están acusados de “difundir informaciones falsas”, apoyar a la hermandad islamista y “terrorismo”; en primera instancia les condenaron a penas de entre 7 y 10 años de cárcel, y para finales de agosto se espera la sentencia de la apelación.
En los últimos años, en Egipto han detenido a decenas de miles de personas por oponerse al régimen autoritario de Al-Sissi; cientos de ellas han sido condenadas a muerte, en procesos expeditivos calificados por la ONU como “sin precedente en la historia moderna” del mundo.