El Ejecutivo rechazó categóricamente la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) del 3 de septiembre, donde solicita a los magistrados no implementar la normativa de amnistía para evitar sus consecuencias legales en los procesos Barrios Altos y La Cantuta.
A través de un pronunciamiento oficial de Palacio de Gobierno, el Estado señala que la Convención Americana sobre Derechos Humanos determina expresamente que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos posee naturaleza subsidiaria, de apoyo o complementaria. «No puede interferir mientras no se hayan agotado las instancias nacionales», enfatiza.
El documento precisa que Perú constituye una nación soberana y democrática que, durante su trayectoria histórica, ha evidenciado un sólido y constante compromiso con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Gobierno recuerda impacto del terrorismo en el país
El comunicado rememora que Perú «sufrió el devastador impacto del terrorismo que buscaba derrocar el Estado de derecho y su democracia, lo cual provocó un inmenso dolor en nuestra ciudadanía. Los derechos humanos de todos los peruanos fueron cruelmente vulnerados por los criminales terroristas, generándose una batalla para preservar la democracia y la sociedad peruana», destaca.
El organismo interamericano había solicitado al Estado peruano paralizar los efectos del proyecto legislativo, ratificado por el Parlamento, que plantea amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y rondas campesinas que intervinieron en el combate contra el terrorismo entre 1980-2000.
La decisión del tribunal continental figura en una resolución sobre adopción de medidas urgentes dentro del expediente Barrios Altos y expediente La Cantuta vs. Perú, fechada el 24 de julio.
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Ejecutivo evalúa continuidad en sistema interamericano
En tal sentido, la Corte IDH argumenta que, con la finalidad de asegurar el derecho al acceso a la justicia de los damnificados de ambos expedientes, se requiere al Estado peruano suspender de forma inmediata el procesamiento del proyecto de ley 7549/2023-CR, que origina el dictamen aprobado.
Se añade que, en caso de haber sido ya ratificada, se pide que las autoridades competentes se abstengan de aplicar dicha ley, para que no genere efectos jurídicos hasta que el organismo de derechos humanos «cuente con todos los elementos necesarios y se pronuncie sobre el fondo de la referida solicitud de ampliación de medidas provisionales y su impacto en los casos Barrios Altos y La Cantuta resueltos por la corte».
Finalmente, el documento establece que Perú continuará evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, además de la necesidad de impulsar una revisión de las normas sustantivas y procesales que regulan el funcionamiento de sus órganos.
Foto Andina