La medida rige desde el 3 de octubre y busca frenar a las organizaciones criminales de minería ilegal; las Fuerzas Armadas controlan el orden interno.
El Gobierno prorrogó por 60 días calendario el estado de emergencia en la provincia de Pataz, La Libertad, desde el 3 de octubre de 2026, para enfrentar a organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal.
La decisión del Poder Ejecutivo se oficializó mediante el Decreto Supremo Nº 137-2026-PCM. La norma fue publicada en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
🛡️ Control del orden interno
Durante la prórroga, las Fuerzas Armadas mantienen el control del orden interno. Su tarea es enfrentar a las organizaciones criminales de la minería ilegal y otras amenazas que califican como situaciones de violencia.
La Policía Nacional del Perú brinda apoyo a las Fuerzas Armadas.
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⚖️ Derechos restringidos
Se aplica lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 137 de la Constitución. Esto implica restringir o suspender el ejercicio de estos derechos:
Inviolabilidad del domicilio.
Libertad de tránsito por el territorio nacional.
Libertad de reunión.
Libertad y seguridad personales.
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🌙 Inmovilización social en el distrito de Pataz
El decreto declara la inmovilización social obligatoria en el distrito de Pataz. Rige desde las 22:00 hasta las 05:00 horas.
Se exceptúa al personal estrictamente necesario que participa en la prestación de estos servicios y actividades conexas:
Servicios de salud y medicinas.
Continuidad de los servicios de agua y saneamiento.
Vigilancia y seguridad.
Energía eléctrica, gas y combustibles.
Telecomunicaciones.
Limpieza y recojo de residuos sólidos.
Servicios funerarios.
📋 Normas para el uso de la fuerza
El dispositivo establece que la actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía se rige por las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
También deben cumplir estas normas:
El decreto legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional.
El decreto legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú.
El protocolo de actuación conjunta del Estado para la articulación de servicios en contextos de detención, retención e intervención policial a mujeres y personas en condición de vulnerabilidad.
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