SAN SALVADOR.- Los 12 militares salvadoreños requeridos por la Audiencia Nacional de España por la masacre de 5 jesuitas españoles y que se mantienen prófugos no se entregarán, pese a que el Supremo de El Salvador negó la extradición de 4 de sus compañeros de armas, aseguraron hoy sus familiares.
“Nuestros padres no se van a entregar y siguen siendo libres” porque “no tienen por qué presentarse”, dijo en rueda de prensa Orlando Zepeda, hijo del general Juan Orlando Zepeda, uno de los prófugos.
Los familiares de los uniformados justifican esta acción en el hecho de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el 2012 negó por primera vez la extradición, en esa época solo de 13 requeridos, bajo la premisa de que la Constitución salvadoreña impedía la entrega de nacionales cuando se perpetró la matanza.
El abogado e hijo de uno de los implicados, Carlos Mauricio Guzmán, aseguró en rueda de prensa que la situación de los militares “ya se encuentra resuelta” desde que se “denegó por primera vez la extradición”.
Los militares prófugos son Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes, José Ricardo Espinosa, Gonzalo Guevara, Oscar Mariano Amaya, José Alberto Sierra, Joaquín Arnoldo Cerna, Carlos Mauricio Guzmán, Héctor Ulises Cuenca y Oscar Alberto León Linares.
Sus compañeros de armas apresados son el coronel Guillermo Benavides, los sargentos Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo, y el cabo Ángel Pérez Vásquez.
Según los familiares, la CSJ el pasado 16 de agosto la CSJ negó la petición de extradición del juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional de España.
El 17 de agosto pasado el magistrado de la CSJ Leonardo Ramírez Murcia confirmó a Efe que el pleno negó la extradición de Benavides y que la decisión sobre los otros tres estaba “en la misma ruta”.
Detalló que Benavides deberá completar una pena de 30 años de prisión que había quedado suspendida por la Ley de Amnistía de 1993, norma que fue anulada recientemente por la Sala de lo Constitucional.
La noche del 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del batallón elite Atlacatl del Ejército irrumpió en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) y asesinó a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno, y al salvadoreño Joaquín López.
En el hecho, ocurrido en el marco de la guerra civil salvadoreña, también fueron ultimadas la colaboradora de los religiosos Elba Julia Ramos y su hija Celina.