VISCAYA.- Un juez de Durango abrió investigación por un delito de lesa humanidad y crímenes de guerra contra los aviadores italianos que participaron en bombardeos que, entre marzo y abril de 1937, en plena Guerra Civil, causaron más de 300 muertos.
Según la querella, sobre Durango se arrojaron 281 bombas, que sumaban 14.840 explosivos y afectaron a 321 edificios, de los que 70 fueron derribados, mientras que tres iglesias acabaron totalmente destrozadas, lo que en daños económicos se estima en 4,2 millones de euros.
Los principales bombardeos se concentraron el 31 de marzo de 1937 en dos pases aéreos que sobrevolaron el cielo de Durango a las 08:30 y las 16.30 horas, el primero de los cuales se cebó en el casco viejo del municipio y sorprendió a la mayoría de los vecinos “en casa y en sus quehaceres diarios”, sostiene la querella.
El juez decidirá si se cita a los aviadores como investigados, en concepto de autores.
En su escrito, el magistrado remarca que los hechos relatados en la querella presentada por el consistorio de Durango son relativos a los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y delito contra las personas, por lo que acuerda la práctica de cuantas diligencias se estimen necesarias para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos investigados.
Como primera diligencia, el juez ofrece a los querellantes una comparecencia para ratificar el contenido de su escrito, en el que el consistorio se persona como acusación particular como perjudicado por el bombardeo del Ejército italiano, considerado por algunos historiadores como el primero de la historia sobre población civil.
La querella, redactada por la abogada barcelonesa Anaïs Franquesa, se suma a la que la asociación de italianos antifascistas Altra Italia presentó por los bombardeos de la aviación italiana a Barcelona entre 1937 y 1939 y que ha dado pie a la primera investigación abierta en España por los crímenes de la Guerra Civil.
La denuncia del Ayuntamiento de Durango, al dirigirse contra 46 militares italianos, ha logrado sortear los límites de la Ley de Amnistía de 1977, que de acuerdo con la jurisprudencia del Supremo impide las acciones entre españoles por hechos acontecidos en la Guerra Civil. (ECHA- Agencias)