La fiscal general Patricia Benavides, ha ampliado otros ocho meses más la investigación contra la presidenta, Dina Boluarte, por el casi medio centenar de muertes y los más de 200 heridos que dejó la represión de las protestas en su contra en diciembre de 2022 y enero de 2023.
En vísperas de que venciera el plazo inicial, la fiscal Benavides ha prorrogado una investigación en la que también están incluidos el primer ministro, Alberto Otárola; su antecesor, Pedro Angulo Arana; el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta; el del Interior, Vicente Romero Fernández, y César Cervantes y Víctor Rojas Herrera, al frente de esa misma cartera antes que él, detalla La República.
Todos se enfrentan a posibles delitos de atentado contra la integridad física de las personas, de genocidio y homicidio calificado por lo ocurrido en aquellas manifestaciones, en las que miles de personas salieron a protestar contra las supuestas maniobras de Boluarte para hacerse con el cargo dejado por el hasta entonces presidente, Pedro Castillo, tras su detención e inhabilitación.
Benavides también ha comunicado que en las próximas diligencias declararán 27 familiares de las víctimas, una treintena de testigos y cerca de 250 heridos por esa controvertida actuación policial y militar, así como otros funcionarios, como el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre.
De acuerdo con el militar, Boluarte fue en todo momento informada del plan de los militares para contener las protestas, mientras el exministro del Interior César Cervantes ya confirmó que la presidenta y Otárola se estuvieron reuniendo “casi a diario” por estos hechos durante los primeros días de esas protestas.
Fuente: Europa Press
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