El Ejecutivo aprobó el Decreto de Urgencia 034-2023 que establece medidas extraordinarias, en materia económica y financiera, a fin de fortalecer e implementar las unidades de flagrancia delictiva y dicta otras medidas.
Este dispositivo se publica en las normas legales de El Peruano.
El decreto tiene por objeto fijar medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera, a fin de fortalecer e implementar las unidades de flagrancia delictiva, además de la contratación de personal, bienes y servicios en entidades del Gobierno Nacional, Poder Judicial y gobiernos locales.
Ello para ejecutar acciones urgentes e inmediatas en seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado, con el objetivo de garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales en un contexto de aumento de incidencia delictiva común y organizada.
Contexto que se presenta en San Juan de Lurigancho y San Martin de Porres (Lima), y en Sullana, Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa (Sullana – Piura), declarados en estado de emergencia según Decreto Supremo 105-2023-PCM.
Transferencia
En tal sentido, autoriza las transferencias de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, hasta por 111 millones 659,275 soles, en favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional y gobiernos locales.
Esta transferencia permitirá la implementación inmediata de Brigadas Especiales Contra el Crimen Organizado a cargo de la Policía Nacional del Perú; la dotación de mayores recursos logísticos a los Departamentos de Investigación Criminal de San Juan de Lurigancho, San Martin de Porres, así como en Sullana.
Asimismo, a las Comisarías de San Juan de Lurigancho, San Martin de Porres y Sullana, a la Oficina de Criminalística de Piura; a la Unidad Funcional de Criminalística de San Juan de Lurigancho; a la División de Policía Judicial y Requisitorias y a la Dirección de Operaciones Especiales a cargo de la Policía Nacional del Perú.
De igual modo, permitirá la contratación y dotación de nuevos defensores públicos y personal de apoyo judicial; la implementación de Unidades de Flagrancia Delictiva; y la implementación de los servicios de patrullaje municipal y video vigilancia a cargo de los gobiernos locales de los distritos en estado de emergencia.
Otras medidas
Autoriza además la contratación de personal en entidades del Gobierno Nacional y locales, estableciendo para ello medidas en materia de contrataciones del Estado.
Por último, dispone que, hasta el 30 de enero de 2024, los ministerios del Interior y Justicia, así como el Poder Judicial, con fines de rendición de cuentas y transparencia de la información, remiten a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas en forma mensual, un reporte de las intervenciones en torno al número de detenidos indicando el tipo de delito y si se encuentra bajo la Ley contra el Crimen Organizado.
También puede ver:
Ejecutivo aprueba proyecto de ley de nuevo sistema de pensiones
AFP: la propuesta del Poder Ejecutivo sobre la pensión mínima