El allanamiento de siete inmuebles de Vladimir Cerrón, así como al partido Perú Libre, realiza desde la madrugada de este sábado el Ministerio Público y la División de Lavado de Activos de la Policía Nacional.
Las diligencias se desarrollan de forma simultánea en Lima y en la región Junín por disposición de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, a cargo del juez Juan Carlos Sánchez Balbuena.
Al respecto, el fiscal superior de lavado de activos y quien está a cargo en segunda instancia del caso, Rafael Vela, reconoció a El Comercio la complejidad de esta investigación por supuesto financiamiento ilícito de la campaña presidencial de Perú Libre, que involucra a Vladimir Cerrón como secretario general del partido, “con información muy importante de las actividades criminales previas que han sido informadas por parte de la fiscal Bonnie Bautista”.
“Tiene que ver con la actividad criminal previa que genera el dinero ilícito”, explicó el fiscal, según publica el medio.
Precisó, además, que “ahora corresponde en la investigación de lavado de activos seguir la ruta del dinero”.
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“Cómo puede haber sido captado, cómo ingresó, cómo se gastó, tanto a la economía del partido como a la economía de algunos miembros de la presunta organización criminal”, indicó Rafael Vela al respecto.
Sostuvo, en ese sentido, que “hay un avance en la parte de la actividad criminal previa producto de la investigación paralela que se hace en el caso Los Dinámicos del Centro y la investigación autónoma de lavado de activos que tiene que encontrar esas rutas de lo que pudo haber sido la captación del dinero y de qué manera se gastó o ingresó al patrimonio personal de los investigados”.
Rafael Vela explicó que “el mandato judicial incluye un grupo de propiedades de Vladimir Cerrón”, y ya no es solo lo que el Ministerio Público a un nivel de hipótesis haya podido establecer dentro del inicio de la investigación, sino que ya ha merecido una evaluación judicial”.
“De tal manera que estamos en esa ruta de confirmación de algunas hipótesis”, comentó Rafael Vela, tras enfatizar que “al haber un respaldo judicial no es solo lo que puede haber investigado el Ministerio Público, sino también una evaluación razonable de todos los elementos presentados para autorizar los allanamientos”.
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