La Fiscalía ha impulsado un equipo especial encargado de investigar los presuntos delitos y vulneraciones a los Derechos Humanos durante las protestas antigubernamentales contra la presidenta Dina Boluarte, en las que se han confirmado más de 60 muertes.
El principal cometido de este grupo de trabajó es el de investigar “casos con víctimas durante las protestas sociales, para que se avoque a dedicación exclusiva de los delitos cometidos contra la humanidad (…) y los delitos comunes que hayan constituido casos de violación de Derechos Humanos”, recoge el diario oficial El Peruano.
El documento, firmado por la fiscal de la nación, Patricia Benavides, recuerda que el Ministerio Público ya ha llevado a cabo investigaciones sobre la presunta comisión del delito de uso excesivo de la fuerza, “que afectaría al derecho humano a la protesta social pacífica”.
De acuerdo con la Fiscalía, la mayoría de investigaciones abiertas para dirimir lo ocurrido durante las protestas tienen en común la dificultad de obtener y asegurar las pruebas de la supuesta comisión de los delitos investigados, con lo que “resulta idóneo y necesario la conformación de un equipo especial de fiscales”.
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La destitución y detención del expresidente Pedro Castillo a comienzos de diciembre aupó a quien hasta entonces había sido su ‘número dos’, Dina Boluarte, a la Presidencia de la nación andina. Sin embargo, desde aquel momento, cientos de simpatizantes de Castillo salieron a las calles para mostrar su desacuerdo con la nueva jefa de Estado y exigiendo la convocatoria de nuevas elecciones.
La respuesta de los cuerpos de seguridad a estas manifestaciones se ha saldado con al menos 49 personas muertas por acción directa de la Policía y 11 en otros hechos violentos y más de un millar de heridos, según datos confirmados por la Defensoría del Pueblo de Perú. El resto de fallecidos en el marco de estas protestas habrían muerto como consecuencia de los bloqueos de carreteras.
Europa Press- Foto Andina