La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Lima presentó un requerimiento de acusación pidiendo la pena máxima contra Víctor Polay, cabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), a causa de los delitos de homicidio agravado y terrorismo en el caso «Las Gardenias». El Ministerio Público también solicitó que permanezca 18 meses en detención preventiva.
Los abogados del Ministerio Público fijaron la audiencia de debate para el 26 de noviembre. Bajo los mismos cargos, se ha requerido la pena máxima para otros cinco imputados: María Cumpa, Peter Cárdenas, Alberto Gálvez, Lino Manrique y Sístero García, identificados como coautores en graves violaciones a derechos humanos por crímenes de odio cometidos contra personas de la comunidad LGBTI entre 1989 y 1992, en San Martín.
Crímenes de odio documentados en la región
Según lo señalado en la acusación, componentes del Frente Nororiental del MRTA, comandados por Lino Manrique, asesinaron a ocho varones pertenecientes a la comunidad LGBTI dentro de la discoteca ‘Las Gardenias’, ubicada en Tarapoto, durante mayo de 1989. Un año después, el mismo grupo armado ejecutó a Luis Pinchi, peluquero de la ciudad, como parte de su estrategia contra la población LGBTI local. Entre 1991 y 1992 ejecutaron también a Silvano Vela y Salomón Pérez, ambos por su orientación sexual.
Conforme al análisis de la acusación y el material de prueba recabado, estos crímenes respondieron a la aplicación del lineamiento de «limpieza social» que fue suscrito en el II Comité Central del MRTA, en 1988. La audiencia donde se controlará el requerimiento acusatorio y las penas requeridas contra los integrantes de este grupo terrorista se llevará a cabo el 28 de noviembre.
Compromiso fiscal con las víctimas
A través de estas acciones, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo manifiesta su determinación en la búsqueda de verdad, indemnización para los deudos de personas asesinadas en hechos de discriminación y castigo para quienes sean responsables de vulneraciones a derechos fundamentales derivadas de orientación sexual.
Foto Andina