El Ministerio Público agilizó las investigaciones sobre las irregularidades que vulneraron el derecho al voto durante los comicios actuales. Alfonso Barrenechea Cabrera, coordinador de las Fiscalías de Prevención del Delito, confirmó que se establecerán las sanciones correspondientes para los implicados tras las fallas reportadas en la jornada.
La fiscalía intervino ante problemas críticos como el retraso de hasta siete horas en la apertura de mesas, causado por la entrega tardía de insumos electorales. Asimismo, se registraron anomalías en 13 locales de votación de Lima Sur durante el segundo día de sufragio.
🗳️ Retrasos y anomalías en centros de votación
“Ha habido una notoria afectación al derecho ciudadano de poder hacer efectivo el acto de sufragio. Y también al Ministerio Público nos corresponde la defensa de esos derechos”, sostuvo el fiscal superior.
Las indagaciones podrían involucrar a altos mandos del organismo electoral, incluyendo a su director, Piero Corvetto. Esta posibilidad surge tras la denuncia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contra diversos gerentes de dicha entidad.
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“Tengo entendido que el señor Fiscal de la Nación ya derivó a la Fiscalía Suprema esta denuncia efectuada para que inicie los actos de investigación dirigidos a determinada responsabilidad, no solamente en el jefe de la ONPE, sino en cualquier otro gerente o funcionario o servidor de dicha institución que haya presuntamente cometido un acto delictivo”, manifestó Barrenechea.
⚖️ Posibles sanciones y delitos bajo investigación
La justicia también evalúa el rol de la empresa Gálaga, responsable del transporte del material, y la gestión de José Samamé Blas, exgerente de Gestión Electoral, quien permanece bajo arresto.
“Se van a analizar también, por parte de la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, los contratos suscritos por parte de ONPE con esta empresa Gálaga y si en los mismos se evidenciaría o no la presunta comisión de delito de colusión, por ejemplo, y con la defraudación al Estado”, añadió el fiscal.
Finalmente, Barrenechea advirtió que los delitos contra la administración pública y el patrimonio electoral conllevan castigos severos, especialmente si se acumulan varias infracciones legales.
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«Por ejemplo, el delito de colisión es un delito grave que atenta contra la Administración Pública. El delito de omisión, demora o rechazamiento de actos funcionales también tiene una pena de hasta cuatro años de pena privativa de libertad. El destrozo de material electoral tiene una pena de hasta cuatro años, si es el caso, pues podría ser una pena muy grave, muy severa», precisó el coordinador.
Foto ONPE- Video TV Perú.