Las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía en perímetros carcelarios por 60 días para frenar delitos dirigidos desde prisión.
El Poder Ejecutivo decretó el estado de emergencia en cinco cárceles peruanas durante 60 días para neutralizar a redes delictivas, disponiendo que militares apoyen a la Policía Nacional en el resguardo perimétrico exterior.
🚨 Alcance del régimen de excepción
La disposición rige mediante el Decreto Supremo 128-2026-PCM y abarca un radio de hasta doscientos metros fuera de cada establecimiento penitenciario.
En dicha área quedan suspendidas las libertades constitucionales de tránsito, reunión y seguridad personal.
Los recintos comprendidos en esta medida son:
Challapalca (Tacna)
Cochamarca (Pasco)
Miguel Castro Castro (Lima)
Ancón I (Lima)
Trujillo Varones (La Libertad)
Estas cinco prisiones concentran cerca del 50% de los reclusos vinculados a organizaciones criminales.
🛡️ Acciones de seguridad y control
La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas vigilarán los accesos, el espacio aéreo y el espectro electromagnético contiguo a las instalaciones.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) continuará a cargo de la administración interna. A la par, su Grupo de Operaciones Especiales (GOES) ejecutará requisas permanentes para incautar armamento, teléfonos móviles y tarjetas SIM.
La norma precisa la salvaguarda de los derechos a la vida, integridad, salud, defensa y debido proceso, bajo los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
💬 Declaraciones del Ejecutivo
Respecto a estas disposiciones, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, remarcó:
“Independientemente de la espera de la aprobación de la solicitud de facultades, el Gobierno nacional, a través de sus diversos sectores, impulsa medidas contra la inseguridad. Estamos seguros de que con las facultades actuaremos con más fuerza”.
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🏛️ Coordinación en Palacio de Gobierno
La promulgación se dio tras una reunión de trabajo liderada por la mandataria Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno.
Participaron el primer ministro Luis Galarreta; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; y el flamante presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE, Abraham Lescano. En la cita se definieron las líneas de acción de la nueva jefatura penitenciaria.