El Ejecutivo prorrogó por 60 días el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao para reforzar la lucha contra la delincuencia, la inseguridad ciudadana y los actos de violencia que afectan a ambas zonas.
La medida quedó formalizada con el Decreto Supremo N.º 096-2026-PCM, publicado este jueves en el Diario Oficial El Peruano. Entrará en vigor el 28 de junio de 2026.
Según la norma, la Policía Nacional del Perú (PNP) seguirá a cargo del orden interno con el respaldo de las Fuerzas Armadas, que continuarán participando en operaciones contra homicidios, sicariato, extorsión y otras expresiones del crimen organizado.
La decisión se basa en informes policiales que confirman la persistencia de una grave alteración del orden en Lima y Callao, atribuida al accionar de bandas criminales y al aumento de hechos violentos contra la población.
🛡️ Derechos que pueden restringirse durante la emergencia
Mientras dure la prórroga, se aplicarán las medidas de excepción contempladas en el artículo 137 de la Constitución. Esto implica que podrían limitarse o suspenderse derechos vinculados a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.
El decreto también establece que eventos religiosos, culturales, deportivos y cualquier actividad pública masiva deberán contar con autorización de las autoridades competentes, de acuerdo con la normativa vigente sobre seguridad en espectáculos y edificaciones públicas.
📋 La PNP solicitó la ampliación el 22 de junio
La Comandancia General de la PNP pidió la extensión mediante un oficio del 22 de junio, sustentado en informes reservados de las regiones policiales de Lima Centro y Callao. Esos documentos dan cuenta de la continuidad de delitos de alto impacto —homicidios, extorsiones y sicariato— que mantienen el clima de inseguridad en ambas jurisdicciones.
El Gobierno evaluó que la situación exige mantener las medidas extraordinarias que se vienen aplicando desde febrero de este año para fortalecer la capacidad operativa del Estado frente a las amenazas a la seguridad ciudadana.
⚖️ Intervenciones bajo principios de legalidad y proporcionalidad
La norma precisa que las actuaciones de la PNP y las Fuerzas Armadas deberán ajustarse a la legislación sobre uso de la fuerza y respetar los principios de proporcionalidad, legalidad y derechos fundamentales.
La Policía definirá las zonas de intervención a partir de labores de inteligencia, indicadores de criminalidad, estadísticas y mapas del delito, entre otras herramientas de análisis.
Al término de la prórroga, el Comando de Coordinación Operativa Unificada deberá presentar un informe al Ministerio del Interior con los resultados del periodo. Ese reporte final se remitirá luego a la Presidencia de la República, al Congreso y al Poder Judicial, junto con las recomendaciones del caso.
Esta extensión representa la continuidad de las medidas extraordinarias vigentes desde febrero de 2026, cuando se declaró inicialmente el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao ante el avance del crimen organizado.
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Foto Andina