El Gobierno tomará medidas para reforzar la defensa del Estado peruano frente a las demandas de sujetos sentenciados por terrorismo planteadas ante el Sistema Interamericano de Justicia y Derechos Humanos, incrementando recursos para ello y realizando visitas de alto nivel para sustentar la posición peruana en estos casos.
El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, dio cuenta de estas acciones, en una conferencia de prensa efectuada tras conocerse que el cabecilla del MRTA, Víctor Polay, y sus defensores plantearon una demanda contra el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En ese sentido, indicó que se ha activado el Grupo de Trabajo Intersectorial para la Defensa Jurídica del Estado en casos de terrorismo ante el Sistema Interamericano. “Esto significa que vamos a convocar a todas las instancias y poderes del Estado” para que dentro de esa dependencia apoyen la defensa de los intereses del país, explicó.
Asimismo, anunció “un apoyo sustancial” en los recursos para la Procuraduría General del Estado, dirigiéndose estos específicamente a la Procuraduría Supranacional. Dijo, en tal sentido, que se reforzará el equipo de abogados, prefectos y peritos que forman parte de ese estamento.
“Perú se ha convertido en el tercer país con más requerimientos” presentados ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, manifestó Otárola. La intención es “reducir sustancialmente este número de casos a través de una defensa profesional, técnica y también política”, manifestó.
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Visita de alto nivel
En ese contexto, informó que en el gobierno “se ha decidido realizar una visita al más alto nivel ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para posicionar la defensa internacional de Perú”. Consideró necesario esto, ya que en dichas instancias “de manera casi automática y sistemática se aceptan las peticiones y denuncias contra el Estado peruano”.
“El Perú tendrá una posición absolutamente firme y no permitiremos que el terrorista Polay pueda utilizar al Sistema Interamericano para intentar enervar una sentencia que lo ha condenado”, añadió Otárola, quien también precisó que la demanda del referido cabecilla “no tiene relación con la condena” que viene cumpliendo en la Base Naval del Callao, ya que alude a supuestas infracciones a sus derechos.
En la conferencia de prensa también participó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, quien precisó que respecto a esta demanda -presentada en el año 2022- “no ha existido de parte de la Procuraduría General del Estado ninguna omisión, retardo o negligencia”.
Premier Alberto Otárola anunció la activación del grupo de trabajo intersectorial para la defensa jurídica del Estado en casos de terrorismo. pic.twitter.com/6d6BpMXSDW
— Consejo de Ministros (@pcmperu) September 1, 2023
Informó también que hasta la fecha esta dependencia “no ha recibido ninguna notificación” de parte de los demandantes; es decir, de los defensores de Polay, pese a que esto es lo que se suele dar una vez la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admite una demanda de ese tipo.
En todo caso, el Ministerio cuenta con la información necesaria para responder cualquier observación, dijo Maurate, pues previamente se remitieron oficios a diversos sectores para que estos remitan a su despacho documentación y argumentos referidos a este caso.
ANDINA
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