La justicia guatemalteca condenó a 5.160 años de prisión y 50 de reclusión efectiva al militar Santos López Alonzo como culpable del asesinato de 199 civiles desarmados, en su mayoría ancianos, mujeres y niños, en una feroz represión antiterrorista.
La matanza ocurrió 36 años atrás —el 6 de diciembre de 1982—, bajo la dictadura de Efraín Ríos Montt, cuando una Patrulla Especial de Kaibiles (PEK, tropas de élite) se acercó a la aldea y, tras rodearla y encerrar a la población en la iglesia local, procedieron a someterla a torturas en busca de información que permitiera localizar a los comandos de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) que operaban en la región.
Según los testimonios de los sobrevivientes, la masacre comenzó al filo del mediodía. Los primeros en ser asesinados fueron los bebés, a quienes mataron frente a sus padres con golpes de almádana (un tipo de mazo de hierro) sobre la cabeza. }
Antes de morir, las niñas fueron sometidas a violaciones por los soldados. Después, cuando la matanza había concluido, los cuerpos fueron lanzados a un pozo, rociados con gasolina y quemados. La tortura se prolongó hasta el 8 de diciembre.
Los rebeldes nunca entendieron la brutal acción. Los guerrilleros sistemáticamente evitaban pasar por las inmediaciones de la aldea y el contacto con sus vecinos.
“Considerábamos que estaban muy próximos al Ejército y temíamos que pudieran delatarnos”, subraya un antiguo comandante insurgente en conversación con este diario.
López Alonzo fue deportado de Estados Unidos —donde residía desde 2001— en agosto de 2016. (ECHA- Agencias)