GUATEMALA.- La Asociación de Periodistas de Guatemala lamentó este jueves que haya un “retroceso” y un “debilitamiento” en las investigaciones de la Fiscalía por delitos cometidos contra la prensa debido a cambios del personal.
Según la Asociación, hubo una reducción de investigadores en la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público, pues disminuyeron cuatro plazas.
“En la Agencia de Delitos contra la Vida existían, hasta el año pasado, cinco auxiliares fiscales y en la Unidad de delitos comunes cuatro. En la actualidad se redujo a tres y dos, respectivamente. Dos de los auxiliares que conocen crímenes contra la vida tienen asignados casos que corresponden a otras unidades fiscales”, advirtió la Asociación de Periodistas.
Esta Unidad Fiscal había logrado avanzar en investigaciones para esclarecer “agresiones, amenazas y atentados contra la vida de los periodistas”, sostuvo el gremio, que reconoció que el trabajo de los fiscales ha ayudado a “proteger a quienes realizan el trabajo de informar”.
La Asociación comentó en un comunicado difundido este jueves que “el trabajo honesto” de los periodistas “puede causar rechazo entre las personas que no compartan sus ideas o se sientan aludidas”, quienes “tienen todo el derecho de manifestar su molestia” y “hacer uso de la ley”, sin embargo, “no pueden atentar, amenazar, agredir o atentar contra la vida del periodista”.
La reducción de auxiliares fiscales “afecta al desarrollo de las investigaciones”, reiteró la Asociación, que además consideró que “se teme que éstas no se realicen de acuerdo a derecho”.
La anterior administración del Ministerio Público, liderada por la exfiscal general Thelma Aldana, había fortalecido la Unidad Especializada para Periodistas, algo que ha sucedido de forma contraria con la actual fiscal general, Consuelo Porras, pudiendo generar una “parálisis en los pocos avances para evitar o disminuir los delitos contra periodistas”, señaló la Asociación de Periodistas de Guatemala.
Consultada por la Agencia Efe, la fiscal encargada de la Fiscalía de Derechos Humanos, donde se encuentra la Unidad de Delitos contra Periodistas, Hilda Pineda, confirmó que “sí hay movimientos de personal”, pero aclaró que se realizan “dentro de la misma Fiscalía”, que “son temporales, que responden a carga laboral en otras Unidades Fiscales” y que no hay un debilitamiento de la unidad.
Según un informe de la organización Reporteros Sin Fronteras, presentado el 8 de febrero pasado, Guatemala “sigue minada” por el crimen organizado y la impunidad y los reporteros “padecen amenazas y agresiones” si denuncian casos de corrupción en los que estén implicados políticos y gobernantes.
En Guatemala, que ocupa el puesto 116 de 180 países aglutinados en la clasificación mundial de la libertad de prensa, Reporteros Sin Fronteras recoge que en el 2018 dos periodistas fueron asesinados “en extrañas circunstancias”, Laurent Ángel Castillo Cifuentes y Luis Alfredo León, encontrados en una finca cercana a Santo Domingo.
El informe concluyó que en Centroamérica y en México la violencia y la impunidad siguen propiciando que el miedo y la censura reinen, y que los reporteros que investigan el crimen organizado y la corrupción han de hacer frente a “intimidaciones, amenazas y violencia física”.
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