El Procurador General del Estado, Daniel Soria Luján, presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial para que se orden a la fiscalía abstenerse de entregar los restos de Abimael Guzmán Reinoso a sus familiares y se disponga su cremación y traslado de forma reservada a un cinerario público común, en resguardo del orden constitucional.
La demanda fue presentada ante el juzgado de turno especializado en lo constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, con el fin de salvaguardar el derecho a la paz de todos los peruanos y evitar que las víctimas del terrorismo sean “revictimizadas”.
Señala que hay amenaza de violación de los derechos colectivos o difusos a la paz y tranquilidad (Artículo 2° numeral 22 de la Constitución), y el derecho a la protección judicial (Artículo 25° de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos-CADH) de las víctimas del período de violencia (1980-2000).
En ese marco, indica que “resulta constitucionalmente válido restringir la entrega de cadáveres a familiares de personas que en vida hayan sido condenadas por graves delitos de terrorismo, en aquellos casos, donde exista un riesgo real de que su tumba pueda constituir un lugar de culto que reivindique sus actos o sus ideologías”.
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Asimismo, la demanda precisa que la entrega del cadáver del cabecilla de Sendero Luminoso supone un riesgo real objetivo a la paz y tranquilidad de todos los peruanos y peruanas.
“Su tumba podría ser utilizada como un lugar para exaltar y enaltecer sus crímenes, en la medida que representa al personaje más significativo de dicha distorsionada ideología, que despreciaba la vida de las personas con tal de obtener poder a todo costo; situación que debe ser tuteladas por la justicia constitucional”, precisa el recurso.
Soria argumenta en su demanda que la función de protección de los derechos fundamentales constituye una obligación de todo el aparato estatal, cuyas autoridades tienen el rol de velar por estos intereses, en atención a la dimensión objetiva de los derechos fundamentales.
“No debemos olvidar el rol que cumplen los procuradores públicos dentro del Estado Constitucional, su función se encuentra orientadas no solo a defender los intereses institucionales, sino también a coadyuvar en el rol que tiene el Estado en la tutela y protección de los derechos fundamentales”, apunta la demanda.
ANDINA- Foto EFE