El 30 de septiembre de 2019, el presidente Martín Vizcarra decidió disolver el Congreso tras considerar que se había producido una negación implícita a la cuestión de confianza planteada por su primer ministro, Salvador del Solar. Este episodio, a seis años de ocurrido, sigue siendo uno de los momentos más controvertidos de la política peruana contemporánea.
Todo se desencadenó el día en que el Ejecutivo solicitó al Congreso posponer la elección de un magistrado del Tribunal Constitucional (TC) para, en su lugar, debatir la cuestión de confianza presentada por Del Solar. Sin embargo, el Congreso continuó adelante con la elección del magistrado, lo que el gobierno interpretó como un rechazo a la confianza. En base al artículo 134 de la Constitución, Vizcarra anunció la disolución inmediata del Parlamento y convocó elecciones legislativas extraordinarias, intensificando las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Luego de que Martín Vizcarra anunciara el cierre del Congreso que tenía 73 fujimoristas, la población salió a las calles a celebrar con matracas, ollas, pitos, bocinas, un gran número de ciudadanos se reunió alrededor de la Plaza Bolívar del Congreso para apoyar la decisión de Martín Vizcarra
El nuevo Congreso, elegido cuatro meses después en las elecciones convocadas tras la disolución, asumió sus funciones y, tiempo más tarde, vacó a Vizcarra de la presidencia. Esta decisión fue percibida por algunos sectores como una represalia frente a la crisis desatada por el cierre del Congreso.
En junio de 2025, las repercusiones legales para Martín Vizcarra alcanzaron un punto culminante cuando el Pleno del Congreso aprobó la Resolución Legislativa 10977/2024-CR. Esta resolución dictó una inhabilitación de diez años para ocupar cargos públicos debido a su supuesta infracción del artículo 134 de la Constitución. La medida fue respaldada por 67 votos a favor, 11 en contra y tres abstenciones.
Según determinó la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, «la suspensión del procedimiento de elección de magistrados no podía ser objeto de una cuestión de confianza al no constituir un proyecto de ley». Con base en este argumento, se concluyó que Vizcarra no estaba facultado para interpretar que la elección de un magistrado constituía una negativa a la confianza.
A pesar del tiempo transcurrido, el acontecimiento iniciado aquella tarde de septiembre sigue generando debate en la política peruana y marcando el rumbo jurídico y político del propio Vizcarra. Su inhabilitación lo mantiene alejado de cualquier cargo público por los próximos diez años, condicionando significativamente su futuro político.
Texto: WSV
Foto: Congreso de la República
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