El coronel Harvey Colchado, exjefe de la Diviac, alertó que el aumento de la criminalidad en el país no es fortuito. Según indicó, se debe a un proceso de deterioro institucional provocado por la corrupción que ha infiltrado el sistema de justicia, el Congreso y la propia Policía Nacional. Durante una entrevista con la Red de Medios Regionales del Perú, señaló que la única manera de enfrentar este problema es reorganizar la Policía, derogar normativas recientes que favorecen al crimen y reinstaurar el principio de meritocracia en las instituciones del Estado.
Harvey Colchado destacó que la corrupción ha sido el factor central detrás del colapso actual. Mencionó que el país tiene presidentes encarcelados o bajo investigación, fiscales que pagaron por sus cargos y coroneles que compraron ascensos. Este sistema de intercambios y favores, afirmó, impide la formación de líderes íntegros y coloca en puestos clave a personas cuyo objetivo principal es recuperar lo invertido o cumplir compromisos políticos. Ante esta situación, propuso una medida concreta: aplicar pruebas de polígrafo a todos los funcionarios que gestionen recursos públicos o tomen decisiones críticas. Subrayó que es fundamental contar con fiscales, jueces y policías competentes y honestos, ya que sin meritocracia no habrá solución real.
Es imposible combatir el crimen de forma efectiva mientras sigan vigentes las leyes pro-crimen. Por eso, he presentado un documento ante la Presidencia de la República con fundamentos técnicos que demuestran cómo estas normas obstruyen las investigaciones contra corruptos y… pic.twitter.com/d7cB8UHqPb
— Harvey Colchado (@HarveyColchado) October 23, 2025
“El Congreso gobierna y ha dado leyes pro crimen”
El coronel destacó con firmeza que el actual panorama político intensifica la inseguridad en el país. Según su análisis, con Pedro Castillo la democracia estuvo bajo asedio, mientras que con Dina Boluarte fue controlada por el Congreso. Esto lo lleva a opinar que dicho Parlamento ha tomado las riendas del país, emitiendo leyes que dificultan la lucha contra la delincuencia. Colchado informó que envió una carta al presidente José Jerí solicitando la derogación de siete leyes aprobadas por el Congreso, argumentando que estas debilitan las capacidades investigativas de la Policía y el Ministerio Público.
Entre las normas señaladas se encuentra la Ley 31990, que altera el procedimiento de colaboración eficaz al obligar la grabación de los testimonios de los delatores; la Ley 32138, que modifica la definición del delito de organización criminal aumentado los requisitos probatorios; la Ley 32108, que exige la participación obligatoria del abogado defensor en allanamientos; y la Ley 32130, que limita las intervenciones telefónicas a un plazo máximo de cuatro meses. También cuestionó la Ley 32326, que pausa el proceso de extinción de dominio hasta obtener una sentencia firme; la Ley 31989, que impide a la Policía actuar contra mineros ilegales; y la Ley 32054, que brinda protección a los partidos políticos al evitar sanciones en caso de ser investigados por crimen organizado.
Es indignante que el Congreso insista en formalizar la extorsión y no en atacar la cadena del delito, ni en derogar las normas procrimen. Primero, Luis Cordero Jon Tay (Alianza Para el Progreso) propone reconocer los pagos extorsivos como pérdidas tributarias. Ahora, Elva Julón… pic.twitter.com/NOQ7MMrtRd
— Harvey Colchado (@HarveyColchado) October 21, 2025
El coronel insistió en la necesidad de derogar estas leyes con urgencia. Afirma que esta acción sería una demostración clara de cambio por parte del presidente Jerí, mientras que el desinterés por actuar solo perpetuaría la situación actual. Según Colchado, las leyes mencionadas fueron promovidas por legisladores con vínculos a economías ilegales cuyo propósito sería desmantelar regulaciones que enfrentaban el crimen.
En su análisis, subrayó cómo estas normativas distraen recursos policiales hacia delitos urbanos y dejan intactas a las mafias organizadas. Considera que el país enfrenta dos grandes vertientes de criminalidad: las economías ilegales —minería y tala clandestinas, contrabando, corrupción y lavado de dinero— y las organizaciones dedicadas a delitos urbanos violentos como robos, extorsiones y secuestros. Para Colchado, los grupos económicos ilegales financian campañas políticas y congresistas con el objetivo de aprobar leyes que los beneficien, mientras que los cuerpos policiales especializados quedan absorbidos por atender crímenes en las calles.
Uno de los pedidos más urgentes de la marcha de hoy es derogar las leyes procrimen, que han debilitado la lucha contra la criminalidad. El Gobierno debe entender que el Perú se está desangrando: tanto el Ejecutivo como el Legislativo deben dejar de lado sus intereses particulares… pic.twitter.com/kM8ejMsCSX
— Harvey Colchado (@HarveyColchado) October 15, 2025
En cuanto a su opinión sobre el gobierno del presidente Jerí, el coronel recordó que este apoyó las normativas pro crimen durante su gestión como congresista, lo cual pone en entredicho sus recientes discursos prometiendo mano dura contra extorsionadores. No obstante, decidió otorgarle un voto de confianza condicionado. Dijo que para demostrar una verdadera intención de cambio, Jerí debería derogar estas leyes y reinstalar a los mejores investigadores desplazados en gobiernos previos.
“La Policía combate con arcos y flechas frente a delincuentes con bazucas”
El coronel destacó también la carencia de recursos e inteligencia operativa en la Policía Nacional. Señaló que las comisarías de investigación criminal carecen de presupuesto, lo que les impide pagar informantes o emplear tecnología adecuada. Según su opinión, cada departamento de investigación criminal debería contar con al menos 50 mil soles mensuales destinados a gastos de inteligencia. Comparó la situación actual con una guerra en la que la Policía está equipada con arcos y flechas, mientras que los delincuentes disponen de armamento moderno como bazucas.
Además, instó a dotar a las unidades de investigación con tecnología avanzada, incluyendo herramientas para geolocalización, interceptación legal de aplicaciones, grabaciones a distancia y extracción de datos digitales. También denunció que el Ministerio del Interior ha ejecutado apenas el 20% de su presupuesto y exigió que se acelere el proceso de adquisiciones. Subrayó que, sin inversión en inteligencia, los resultados serán inexistentes.
Texto: WSV
Foto: Difusión
También puede ver:
Generación Z: hoy es marcha contra la clase política y asesinatos