Hoy, miércoles 8 de abril, se hubiera desarrollado la primera audiencia por el caso de la desaparición del periodista Jaime Ayala Sulca (2 de agosto 1984), sin embargo, debido a la emergencia nacional, que establece la inmovilidad social obligatoria, esta vuelve a la lista de casos que esperan ser programados para iniciar el proceso esperado por años.
Como se recuerda, el periodista Jaime Ayala Sulca desapareció el 2 de agosto de 1984 luego de ingresar a la base de la marina, acantonada en el Estadio Municipal de Huanta.
El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe –quien tiene la defensa del caso Ayala-, explica que “lo que va a suceder en la práctica, como sucede cuando se suspenden las audiencias, en este caso por la inmovilidad social, es que será reprogramada”.
En ese sentido, resaltó que el actual estado de emergencia ha generado repercusiones en el sistema de administración de justicia. “Las consecuencias no solo son económicas y sociales, también judiciales, por la carga procesal que se generará. Todas las diligencias programadas desde el 16 marzo ahora serán reprogramadas desde la fecha de término de la inmovilidad”.
Esta realidad también afecta el caso Ayala que, como se recuerda, es parte de un juicio que concentra un total de 17 asesinados y 45 desaparecidos entre 1983 y 1984 a manos de los agentes de La Marina, que instalaron su base militar en el Estadio Municipal de Huanta.
“Es un caso emblemático, que incluye una gran cantidad de desaparecidos y ejecutados extrajudiciales, varias matanzas y desapariciones. Esperamos que tenga prioridad en la programación”, indica el Dr. Juan José Quispe.
Este caso se encuentra a cargo del Colegiado B de Derechos Humanos de la Sala Penal Nacional, conformado por la Dra. Miluska Cano López (presidenta de juzgado), el Dr. Otto Santiago Verapinto Márquez y el Dr. Percy Ruíz Navarro.
Los imputados en este caso son las autoridades de la marina en Huanta -en la fecha de la desaparición-: Alberto Rivero Valdeavellano (jefe del Comando Político Militar de Huanta y La Mar) y Augusto Gabilondo García del Barco (jefe de la base contrasubversiva de Huanta).
“Vamos a solicitar a la presidencia de la Sala Penal Nacional que haya un ajuste no tan severo en los tiempos y podamos iniciar cuando se retomen las audiencias judiciales. Si se retoman en mayo, estimamos que este proceso pueda iniciar julio o agosto”, agregó Juan José Quispe.