El gobierno peruano aprobó una ley que eleva las penas por feminicidio, pero aún falta mucho para que este país avance en el combate a la violencia de género, dijo a Sputnik la legisladora opositora Indira Huilca, principal impulsora de la norma.
“Hay algunos (parlamentarios) que piensan que la violencia contra la mujer son asuntos aislados y no algo estructural, que se han atrevido a afirmar que es un problema que no amerita una legislación particular para las mujeres porque la violencia afecta a todos por igual, cuando eso es totalmente falso; basta ver las cifras para darse cuenta de que no es así”, dijo Huilca, del partido Nuevo Perú (izquierda).
Cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) indican que en el 2017 se reportaron 117 feminicidios, pero en los primeros cuatro meses de este año se registraron ya 43.
Los Centros de Emergencia Mujer (oficinas de auxilio pertenecientes al MIMP) atendieron el año pasado casi 100,00 casos de violencia contra las mujeres, mayoritariamente mujeres.
Un estudio publicado en el 2016 por la Organización Mundial de la Salud sitúa a Perú en el tercer lugar de países con mayor incidencia de delitos de violencia de género, solo detrás de Etiopía y Bangladesh.
La ley impulsada por Huilca aumenta las penas por feminicidio de 15 a 20 años de prisión, que pueden llegar hasta 30 años cuando el crimen se comete con circunstancias agravantes como que la víctima esté embarazada o sea menor de 18 años.
“Lo de las penas es lo más visible, se ha aumentado la sanción de 15 a 20 años de cárcel, y a 30 años en los casos con agravantes”, comentó la legisladora.
Pero además, “también se están modificando aspectos técnicos sobre los delitos de lesiones leves y graves, los procesos de tenencia de la patria potestad contra los acusados de feminicidio, que antes obligaban a la familia de la agraviada a llevar un proceso judicial aparte al caso de la agresión, lo que era una complicación adicional para las víctimas”, detalló Huilca.
Según la nueva ley, que debe ser promulgada por el Presidente de la República, los infractores pierden de manera automática la tenencia sobre los hijos cuando incurren en feminicidio, tipificado como delito en el 2013.
Violencia sexual
La violencia machista, que incluye en gran medida los delitos sexuales, ha despertado la alarma en la sociedad peruana, pero el problema es tan complejo como sus soluciones.
En los tres primeros trimestres del 2017 se registraron 17,812 denuncias por violación, lo que equivale a tres mujeres violadas por hora, indican cifras del Observatorio de la Criminalidad de la Fiscalía de Perú.
La politóloga Sara Ramírez, de la organización no gubernamental Promsex, dedicada a la problemática femenina, apunta a la visión tradicional de que la violencia sexual es propia de las clases económicamente deprimidas de Perú.
“La pobreza, el nivel educativo, incluso el colecho son factores que pueden poner a una persona en mayor grado de vulnerabilidad (de violencia sexual), pero no son determinantes”, dijo Ramírez a esta agencia.
La diputada Huilca concedió que en el Congreso “hay un buen nivel de sensibilización (respecto a la violencia contra la mujer); nadie va a decir que está de acuerdo con los casos de agresión que se ven”.
El asunto, sin embargo, “es cómo se construyen las respuestas al problema, y ahí he visto actitudes de algunos parlamentarios que tienen influencia en sus bancadas, y que no han tomado este problema como prioritario”, sostuvo.
La violencia machista está en forma permanente en la discusión nacional, algo que no se veía apenas 10 años atrás, coinciden las fuentes.
Se ha avanzado, pero no lo suficiente, concluyen.
Fuente: sputniknews.com