El abogado penalista Miguel Pérez Arroyo se refirió recientemente a las polémicas que han surgido en torno al proceso electoral, subrayando que las fallas detectadas no configuran un delito de fraude electoral ni justifican la anulación de la elección.
De acuerdo con el especialista, las irregularidades observadas representan menos del 0.3% del total del proceso, un porcentaje que, desde un enfoque técnico, se encuentra dentro de los márgenes tolerables al compararse con elecciones anteriores en el país. En este contexto, cuestionó la postura de ciertos sectores que buscan “criminalizar” estas situaciones, calificándola como poco responsable.
Glatzer Tuesta: «Piero Corvetto, sin duda, debe responder por lo ocurrido en la ONPE. Pero el sentido común me dice que no quieren sacarlo por las irregularidades, sino porque no han podido manejarlo a su antojo. Quieren controlar las elecciones, por eso lo quieren fuera.»
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Pensar en fraude electoral como argumento para anular el proceso es, según sus palabras, una actitud irreflexiva. Explicó que tales interpretaciones no solo desvirtúan el marco jurídico electoral, sino que además pueden generar confusión entre la ciudadanía.
Su análisis incluye una comparación con elecciones pasadas: en los comicios generales de 2021, el porcentaje de mesas sin instalar fue de apenas 0.02%, mientras que en el proceso actual alcanzó cerca del 0.2%. Aunque reconoce que este incremento es significativo, sostiene que sigue representando un porcentaje bajo y limitado a determinadas áreas específicas de Lima, como Pachacámac, Lurín y San Juan de Miraflores.
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Para Pérez Arroyo, las instituciones deben atender estos problemas desde un enfoque administrativo y funcional, dando prioridad a la corrección de los errores logísticos antes de considerar medidas extremas como la judicialización o la anulación del proceso. Esto implicaría realizar una revisión exhaustiva de los procedimientos internos y las responsabilidades en la organización electoral.
Uno de los aspectos más críticos señalados por el penalista es la contratación de la empresa Galaga para encargarse del traslado del material electoral. Pérez Arroyo destacó que dicha compañía ya había acumulado antecedentes de incumplimientos contractuales, lo que, en su opinión, la convertía en una opción poco confiable para llevar a cabo una labor de esta relevancia a nivel nacional.
Anular las elecciones
———————————Conviene explicarlo de otra manera: si uno mira con cuidado la Constitución de 1993, sí hay reglas aplicables a un actor político que promueve la anulación de las elecciones según sus propias preferencias, no sobre la base de un caso legal…
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Rosa María Palacios: «Lamento ser la pincha globos, pero no hay pruebas de un fraude. Ningún voto se ha perdido porque las actas ya se ingresaron al sistema.»
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Texto: WSV
Foto: Composición
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