ROMA.- El juicio en Italia por la desaparición de conciudadanos en las sombras del Plan Cóndor, la represión hace décadas en América Latina, da sus últimos coletazos y el Tribunal Supremo retrasó hoy a enero la sentencia a uno de sus imputados de mayor rango, el exdictador de Perú Francisco Morales Bermúdez.
Los magistrados de la Alta Corte romana decidieron retrasar su veredicto a la espera de leer las motivaciones de otra sentencia con la que el pasado julio se condenó a once represores uruguayos y tres chilenos en vía definitiva, pero “in absentia”, sin estar presentes.
La nueva audiencia sobre el caso de Morales Bermúdez fue fijada para el 15 de enero de 2022 a las 15.00 locales (14.00 GMT), indicaron a Efe fuentes próximas al juicio.
DOS DÉCADAS EN BUSCA DE JUSTICIA EN ITALIA
Italia empezó a investigar hace dos décadas el asesinato y desaparición de italo-latinoamericanos en el Plan Cóndor, el sistema de represión contra los opositores y militantes de la izquierda en el que se coordinaron las dictadoras del subcontinente americano.
El proceso italiano dio inicio en 2007, cuando se pidió el arresto de un total de 146 militares de las Juntas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay.
Roma acogió decenas de audiencias y escuchó el testimonio de los parientes de los “desaparecidos” hasta que en 2017 llegó la primera sentencia: ocho cadenas perpetuas y diecinueve absoluciones, un fallo de todo punto decepcionante para la acusación, que recurrió.
La vuelta de tuerca llegó en 2019, cuando en Apelación se modificó ese veredicto y se emitieron veinticuatro cadenas perpetuas.
De este modo se llegó al último grado de juicio, el Supremo, que en julio de este año confirmó catorce cadenas perpetuas y separó el caso de los imputados peruanos para conocer su estado actual.
El principal acusado era Morales Bermúdez, que acaba de cumplir cien años y que presidió la dictadura militar de Perú entre 1975 y 1980, en la conocida como “segunda fase” del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, instaurado con el golpe de Estado de 1968.
Pero le seguían el exgeneral de división Germán Ruiz Figueroa y el excoronel Martín Martínez Garay.
La Fiscalía del Supremo pide a los jueces que confirmen la cadena perpetua que Morales Bermúdez recibió en primer y segundo grado pero los jueces han preferido retrasar su fallo para saber cuál es su situación actual o si están vivos (Solo se tiene la certeza de la muerte de Ruiz Figueroa).
LA EXCEPCIÓN URUGUAYA
En cualquier caso, todas los imputados y condenados lo están en contumacia, es decir, sin personarse ante los jueces italianos, con una única excepción, la del represor uruguayo Jorge Néstor Troccoli, de 72 años y antiguo miembro del Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA).
En su caso la sentencia a cadena perpetua se ha hecho efectiva y desde julio se encuentra en la penitenciaría de Salerno (sur), aunque con la voluntad de solicitar la prisión domiciliaria.
Su encarcelamiento se produjo porque era el único de los represores imputados que residía en Italia, después de escaparse de la justicia de su país en 2007.
LA DERIVADA BRASILEÑA
La lista de 146 soldados y jerarcas de América Latina a juzgar en Italia acabó diezmándose por el paso del tiempo y la muerte de muchos de ellos, pero también por los impedimentos a proceder de Argentina o para notificar el proceso a los brasileños.
En cualquier caso el Tribunal de Roma imputó a cuatro militares brasileños por la detención y extradición de dos montoneros italo-argentinos en 1980. Son Carlos Alberto Ponzi, Joao Osvaldo Leivas Job, Marco Aurelio da Silva Reis y Atila Rohrsetzer.
Hasta hace poco el último, Rohrsetzer, de 89 años, era el único con vida y, por ello, afrontaba una sentencia en primer grado que debía llegar hoy martes, si bien esto no se produjo porque se ha conocido su reciente muerte.
De este modo el proceso contra Rohrsetzer queda cerrado en Italia, y eso que iba a ser la primera sentencia contra un militar brasileño por el Plan Cóndor, pues la vigente Ley de Amnistía de 1979 impide ahondar en las torturas, desapariciones y ejecuciones del régimen militar brasileño (1964-1985).
Se le imputaba la detención y extradición ilegal en 1980 de dos militantes de izquierdas italo-argentinos, los montoneros Lorenzo Viñas Gigli y Horacio Campiglia.
El primero fue apresado con 25 años cuando trataba de escapar de su país para volar a Italia, mientras que el segundo fue capturado en el aeropuerto de Río de Janeiro y extraditado clandestinamente y la última vez que se le vio fue en el centro de detención bonaerense de “Campo de Mayo”. EFE