La Junta Nacional de Justicia (JNJ) determinó archivar la investigación preliminar contra Juan Antonio Fernández Jerí, titular de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC-MP), tras determinar que no existen fundamentos para iniciar un proceso disciplinario en su contra.
La determinación quedó establecida mediante la Resolución de la Investigación Preliminar 012-2024-JNJ, la cual además rechaza la excepción de ne bis in idem planteada por el fiscal Carlos Alberto Muñoz León y ordena el cierre definitivo del expediente.
El segundo artículo del documento precisa que se descarta abrir procedimiento disciplinario no solamente contra Fernández Jeri, sino además contra los servidores Giuliana Yanina Ortiz Zavaleta, Javier Gonzalo Luna García, Liliana del Carmen Castillo Carrasco, Carlos Alberto Muñoz León, Roberto Carlos Rojas Matos y Miguel Ángel Vegas Vaccaro, quienes están adscritos a la ANC-MP o a la institución fiscal.
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Actuaciones se ajustaron a competencias legales
La resolución subraya que las actuaciones observadas se ejecutaron dentro del ámbito de las atribuciones funcionales de la Autoridad Nacional de Control y no constituyen infracciones disciplinarias, razón por la cual se dispone el archivo permanente del caso.
El expediente se originó a partir de la queja administrativa interpuesta por el fiscal superior Rafael Vela Barba el 4 de julio de 2023, quien imputó a Fernández Jeri y a Vegas Vaccaro haber impulsado procesos disciplinarios «arbitrarios e injustos» en su contra.
Vela Barba requirió además en ese momento que la JNJ asumiera de manera directa tales procesos, argumentando que la ANC-MP «carecería de imparcialidad» para llevar adelante investigaciones sobre fiscales vinculados a casos de gran trascendencia.
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Órgano constitucional descarta irregularidades
Después de examinar la documentación y las respuestas presentadas por las partes, la Junta Nacional de Justicia estableció que no había bases jurídicas ni elementos de conducta irregular funcional, rechazando la existencia de exceso de autoridad o anomalías administrativas.
Por último, el organismo constitucional ordenó notificar la resolución a los implicados y comunicar a las instituciones pertinentes, clausurando de esta manera una investigación que mantenía en expectativa a las áreas de control interno de la institución fiscal.
Foto Congreso