Juan José Santiváñez: el abogado de los policías involucrados en actos criminales
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El retorno del cuestionado Juan José Santiváñez al gabinete ministerial ha generado sorpresa y debate en la esfera política. Este sábado 23 de agosto, Dina Boluarte lo nombró como ministro de Justicia y Derechos Humanos, un cargo estratégico para las decisiones políticas de su gestión. La designación no solo suscitó comentarios por su lamentable paso por el Ministerio del Interior, sino también por los antecedentes de su trayectoria como abogado penalista.

Su regreso a un ministerio lo coloca nuevamente bajo los reflectores, sujeto a un minucioso escrutinio público. Las críticas no solo giran en torno a su censura legislativa pasada, sino también a los casos que representó como abogado, especialmente uno que involucra a dos policías acusados de integrar redes criminales en Trujillo. Aunque busca contextualizar estos episodios, estos continúan siendo cuestionados.

 

 

Una trayectoria marcada por casos polémicos

Antes de incursionar en el ámbito gubernamental, Santiváñez trabajó como abogado penalista, enfrentándose a casos extremadamente mediáticos. Entre los más relevantes destaca su defensa legal de dos policías, Miguel Marcelo Salirrosas, apodado “El Diablo”, y Eber Juárez. Ambos fueron arrestados en agosto de 2016 durante un operativo masivo que involucró a 350 policías y 40 fiscales.

La Fiscalía sostenía que ambos agentes formaban parte de la organización criminal “Los K y K”, surgida de la unión de grupos delictivos como “Los Pulpos” y “Nueva Jauría”. Según las investigaciones, estos colectivos fueron responsables de múltiples extorsiones y asesinatos en La Libertad y otras regiones del país. Finalmente, el Poder Judicial condenó a los acusados a 22 años y 7 meses de prisión.

 

 

Santiváñez defendió a sus clientes interponiendo recursos de hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional, argumentando insuficiencia probatoria en los casos. En noviembre de 2023, el TC declaró fundada la demanda presentada en el caso de Eber Juárez, solicitando una nueva revisión del proceso judicial. Sin embargo, respecto a Salirrosas, el tribunal rechazó el recurso.

El ahora ministro ha señalado que su trabajo como abogado estuvo basado en criterios técnicos legales. De hecho, mencionó un informe elaborado por el jurista español Manuel Cancio Meliá que cuestionaba las sentencias contra ambos policías, señalando una falta de correlación clara entre las pruebas y las acciones atribuidas a los efectivos. Según Santiváñez, este análisis fue clave para sustentar su defensa técnica.

 

 

Tras asumir responsabilidades dentro del Ejecutivo, dejó atrás estas labores legales. «No soy más abogado de estas personas. Mi compromiso está ahora orientado a la política y mi función pública», afirmó, agregando que desde su ingreso al Ministerio del Interior se desvinculó completamente de cualquier caso judicial privado.

A pesar de sus declaraciones, informes periodísticos lo señalaron por haber defendido a policías relacionados con organizaciones delictivas. Santiváñez ha desmentido categóricamente estas acusaciones calificándolas como “mentiras absolutas” y asegurando que dichos reportajes ignoraron pruebas documentales que justificaban la validez técnica de su actuación.

 

 

Hizo que Mininter les pague defensa

Para los 34 policías que enfrentan a la justicia por graves delitos, el Mininter ha dispuesto un desembolso de S/ 1 millón 705 mil, destinado a la contratación de abogados mediante resoluciones aprobadas por Juan Santiváñez.

Entre los exclientes de Juan Santiváñez se cuenta el comandante PNP (r) Raúl Prado Ravines, a quien el fiscal Álvaro Rodas Farro señala como el líder de la organización criminal “El Escuadrón de la Muerte”. Prado ya recibió una condena de 35 años.

Fue encontrado responsable por el homicidio de 4 personas durante un falso operativo a una supuesta banda de asaltantes, el 27 de febrero de 2015, en Piura.

 

 

Sin embargo, están pendientes de sentencia otros 8 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuidas al “Escuadrón de la Muerte”.

Debido a que Prado apeló la condena por el crimen en Piura, Santiváñez avaló que se le abone S/50 mil para cubrir el pago de un defensor legal. Prado se encuentra prófugo de la justicia.

 

 

Los otros 5 exclientes de Juan Santiváñez que también recibieron fondos para contar con un defensor legal son los siguientes:

–Los suboficiales PNP en retiro César Cutti Sueldo, Fernando Chuquisengo Salas, Edgardo Vilela Martínez, Luis Mío Morocho.

A estos efectivos que pertenecían a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIRIN), se les imputa haber intervenido en falsos operativos en Santa Anita, Lima, el 11 de julio de 2012, con el saldo de 3 homicidios; en Puente Piedra, Lima, el 18 de noviembre de 2012, con 4 ejecuciones; en Chiclayo, el 4 de diciembre de 2013, cn 6 ejecutados; y en Ramiro Prialé, Lima, el 29 de julio de 2015, con el asesinato de otras 5 personas.

-El comandante PNP en retiro Marcos Jara Urlich, otro de los exclientes del ministro Santivañez, recibió S/50 mil para contratar a un letrado. Como jefe operativo de la Sub Unidad de Acciones Tácticas (SUAT) de la PNP, Jara actuó en tres casos como integrante del “Escuadrón de la Muerte: en Chincha, el 8 de septiembre de 2012, con un saldo de 2 ejecutados; en Chiclayo, el 4 de diciembre de 2013, con el resultado de 6 asesinatos; y en Ramiro Prialé, Lima, el 29 de julio de 2015, con 5 muertos.

 

 

 

 

Texto: WSV
Foto: Composición
Video: Twitter Crónica Viva

 

 

 

 

 

 

 

 

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