El magistrado de la Corte Suprema Juan Carlos Checkley informó este jueves que emitirá su decisión «dentro del término legal» sobre la solicitud fiscal de imponer 18 meses de prohibición de viaje al extranjero a la exmandataria Dina Boluarte. La medida forma parte de un proceso judicial por presunta negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
La evaluación del magistrado se produjo un día después de que el juez Fernando Valdez, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, rechazara un pedido similar de la Fiscalía. En aquella ocasión, los fiscales habían solicitado 36 meses de restricción de salida para Boluarte en un caso diferente relacionado con presunto lavado de activos.
Fiscalía y defensa exponen sus argumentos
El pronunciamiento de Checkley llegó después de escuchar las posiciones tanto del Ministerio Público como del abogado defensor de Boluarte, quien pidió declarar sin fundamento la solicitud fiscal, según informó el Poder Judicial.
Rechazan el pedido de impedimento de salida del país para la expresidenta Dina Boluarte
El miércoles anterior, Valdez desestimó la petición argumentando que «no existe sustento fáctico» para imponer la medida coercitiva contra la exjefa de Estado, quien fue removida de su cargo por el Parlamento el jueves de la semana pasada.
El magistrado también determinó que no hay riesgo de fuga por parte de Boluarte, quien no asistió personalmente a la audiencia judicial pero estuvo representada por su abogado Juan Carlos Portugal.
Fiscalía apelará decisión adversa
Luego de conocerse el fallo, el representante del Ministerio Público, Ángel Astocondor, anunció un recurso de apelación contra la resolución. Por su parte, el letrado Portugal expresó su satisfacción con el resultado.
Gobierno oficializa la renuncia de los ministros de Dina Boluarte
Boluarte asumió la presidencia tras Pedro Castillo luego del intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. El Congreso la destituyó la semana pasada bajo el argumento de «permanente incapacidad moral» por su manejo de la crisis de inseguridad ciudadana.
La exgobernante enfrenta múltiples investigaciones fiscales, principalmente por casos de presunta corrupción. También está siendo investigada por la muerte de 49 personas durante las protestas que se desarrollaron en el país tras la destitución de Castillo, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
Foto Presidencia