Keiko cumple sus primeros 100 días en Palacio con 556 homicidios

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El Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) registra un acumulado de 556 homicidios preliminares a falta de confirmarse los ocurridos en el día 100 desde la llegada de Keiko Fujimori a Palacio de Gobierno. Esta preocupante estadística, analizada por el especialista e ingeniero Juan Carbajal con datos oficiales recabados entre el 28 de julio y el 3 de noviembre de 2026, pone en evidencia que la crisis de inseguridad ciudadana y el sicariato continúan golpeando severamente al país, manteniendo un promedio diario de muertes violentas que alarma a la población.

 

 

La cifra, catalogada como preliminar debido a los plazos habituales de actualización del sistema, refleja un repunte considerable durante el mes de octubre, un período en el que la media diaria de homicidios escaló por encima de las 6 víctimas mortales. Este incremento corta bruscamente la relativa tregua que se había reportado durante el mes de septiembre y devuelve los índices delictivos a los niveles más críticos registrados a lo largo del año.

 

 

El persistente problema del subregistro y los datos «ignorados»

Más allá de la frialdad de los números, el análisis detallado de la base de datos revela un patrón metodológico alarmante: la invisibilización de la violencia criminal en los registros del Estado. Diversos casos de asesinatos perpetrados abiertamente con armas de fuego en regiones vulnerables como el Callao, Piura y Lima Metropolitana figuran inicialmente en la plataforma bajo la clasificación de «Muerte violenta: NO SE CONOCE» o con diagnósticos genéricos que omiten el uso de proyectiles.

 

 

Un ejemplo palpable de esta inconsistencia ocurrió en San Juan de Lurigancho, donde un mototaxista fue asesinado a tiros a principios de noviembre, pero su deceso no fue tipificado de forma inmediata como un homicidio por arma de fuego en las actas de defunción oficiales. Esta falta de precisión en el Sinadef genera un desfase estadístico que, según los expertos, suele regularizarse con aumentos de hasta un 12% semanas después, lo que significa que el panorama real de estos 100 días podría resultar todavía más cruento.

 

 

El cuello de botella en el sistema de justicia

El impacto de la criminalidad organizada se ve agravado por un profundo colapso en el sistema judicial y penitenciario. De acuerdo con reportes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) citados en el balance, las estrategias punitivas no se están traduciendo en condenas efectivas. Entre enero y agosto de este año, ingresaron 1,668 internos a las cárceles del país por delitos de alta peligrosidad, tales como extorsión y tenencia ilegal de armas. No obstante, el 97.36% de estos reclusos continúa tras las rejas bajo régimen de prisión preventiva, sin una sentencia firme.

 

 

Al cierre de este primer balance de gestión, el desborde del sicariato en las calles de provincias clave como Chincha y Piura, sumado al persistente estado de emergencia en el Callao que no logra frenar el baño de sangre, configuran el escenario más complejo para el Ejecutivo. La ciudadanía exige no solo planes estratégicos efectivos en el terreno policial, sino también transparencia absoluta e interoperabilidad en las plataformas de datos que miden el impacto real de la criminalidad en el Perú.

Pero Keiko Fujimori sigue preocupada por grabat sus videos de TikTok y pedir tap tap tap.

 

 

Texto: WSV
Foto: Composición

 

 

 

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