El empresario del sector minero raptado este fin de semana en la ciudad de Trujillo, en el noroeste de Perú, fue puesto en libertad este lunes, según han informado las autoridades del país andino. Paralelamente, se ha producido la detención de cuatro presuntos responsables de este secuestro, en el que murieron cuatro acompañantes que viajaban con él en su vehículo.
“Cuatro presuntos implicados en este repudiable crimen fueron capturados y el ciudadano que permanecía secuestrado fue liberado”, ha celebrado la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, en un mensaje en redes en el cual ha puesto en valor la “rápida y firme respuesta” de la Policía “en este caso”.
En ese mismo mensaje, la jefa del Estado ha trasladado sus “más sentidas condolencias y solidaridad” a los allegados de las cuatro víctimas mortales, al tiempo que ha reiterado que no dará “tregua a la delincuencia”.
El empresario liberado es Jenns Lara Tantaquilla, que fue interceptado en la madrugada del domingo por un grupo de delincuentes armados disfrazados de agentes de Policía. Los asaltantes asesinaron a los cuatro acompañantes que iban con él en su coche cuando circulaba por la avenida Húsares de Junín.
“Estas personas lo que han simulado es una intervención policial, en cualquier parte del mundo, hasta en los lugares más seguros los delincuentes se visten de policías”, indicó entonces en declaraciones a los medios, recogidas por la cadena RPP, el jefe de la Región Policial La Libertad, el general Ricardo Espinoza.
Por su parte, el general de la Policía Nacional y jefe de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI), Víctor Revoredo, señaló a la banda criminal “Los Pulpos” como presunta organización que habría ordenado el secuestro.
Este mismo domingo, la propia Fujimori convocó una reunión de emergencia tras lo ocurrido. De ese encuentro, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, salió reclamando al Congreso que dé prioridad al debate y aprobación de la delegación de facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana.
Según explicó, esta habilitación permitiría, entre otros aspectos, que el Estado pueda identificar y catalogar como grupos hostiles o terroristas a determinadas organizaciones criminales, lo que abriría la puerta a la intervención directa de las Fuerzas Armadas.
En paralelo, el partido Juntos por el Perú, del candidato presidencial Roberto Sánchez, ha registrado un proyecto de ley para modificar el artículo 8 del Decreto Legislativo 1267 y facultar a Fujimori a cesar de forma anticipada al comandante general de la Policía Nacional de Perú, Óscar Arriola.
A esta iniciativa se ha sumado este lunes la bancada de Ahora Nación, formación de centroizquierda, que ha reclamado la dimisión de Arriola al considerar que “ya no es sostenible” su continuidad en el cargo.
“¡Arriola debe renunciar! El brutal ataque en Trujillo confirma el fracaso de su gestión frente al crimen. El país necesita seguridad, no más excusas”, ha defendido la bancada en un comunicado difundido en redes.
Arriola ocupa la comandancia general de la Policía Nacional en virtud de una norma aprobada durante el gobierno de Pedro Castillo, que lo mantiene en el puesto hasta septiembre de 2027. De hecho, hace apenas una semana, el ministro del Interior, César Astudillo, reconoció ante la Cámara de Diputados que el Ejecutivo peruano carece de margen legal para removerlo antes de que cumpla sus dos años en funciones, pese a las intensas críticas a su gestión de la seguridad en el país.
Jenss Lara Tantaquilla, secuestrado aparece en investigación por la venta ilegal de oro
Foto PNP- Fuente audiovisual: TV Perú