Ley Chlimper 2.0: Gremios se oponen porque atenta contra derechos ganados y economía

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Gremios agrarios y sindicales han manifestado su rechazo a la denominada Ley Chlimper 2.0, calificándola como un retroceso histórico para el sector agrícola peruano. Según estas organizaciones, la norma perjudica el modelo asociativo de las cooperativas, no aporta beneficios a la agricultura familiar y representa un alto costo fiscal estimado en S/ 1.880 millones anuales, tal como informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

 

 

Florentino Mallma, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (Fentagro), afirmó que la aprobación de esta ley estuvo marcada por el predominio del lobby empresarial, dejando de lado el bienestar común. Ante ello, las agrupaciones sociales han expresado su rechazo y los trabajadores exigen al gobierno liderado por Dina Boluarte que observe la norma o evite promulgarla, dado que consideran que favorece exclusivamente a las grandes agroexportadoras.

 

 

La ley propone que siete importantes empresas agroexportadoras, junto con industrias del sector vitivinícola, paguen una tasa reducida del 15% en el impuesto a la renta, en lugar del régimen estándar de 29.5%. Mientras tanto, la agricultura familiar sigue siendo ignorada y los trabajadores continúan enfrentando condiciones laborales desfavorables.

 

 

Además del impacto fiscal señalado, esta nueva legislación debilitaría los mecanismos de fiscalización laboral al limitar las intervenciones de Sunafil, que solo podría actuar en el 25% de los casos relacionados con grandes agroexportadoras. Esto preocupa especialmente debido a las denuncias existentes sobre el incumplimiento de beneficios laborales, despidos arbitrarios y prácticas antisindicales, según explicó Mallma.

 

 

Otro punto controversial es la disposición que busca digitalizar documentos laborales como contratos y boletas de pago. Las críticas apuntan a que podría dificultar el acceso a esta información para los trabajadores rurales, quienes suelen enfrentar problemas de conectividad y carecen de experiencia en el uso de plataformas tecnológicas.

 

 

Mallma también cuestionó las afirmaciones sobre una supuesta agricultura moderna y sostenible promovida por la ley, señalando que dichas ventajas están destinadas únicamente a las grandes empresas. Asimismo, alertó sobre el riesgo de que los empresarios aprovechen el corto periodo presidencial de Dina Boluarte para impulsar otras normas que perjudiquen aún más los derechos de los trabajadores.

 

Texto: WSV
Foto: Congreso de la República
Video: Twitter Ideeleradio

 

 

 

 

 

 

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