Después de 14 años el gobierno de México pidió cinco veces perdón a la periodista Lydia Cacho por violar los derechos humanos de la reportera tras publicar una investigación sobre una red de explotación infantil titulada Los enemigos del Edén.
El reconocimiento sobre las omisiones del Estado en su caso ha llegado después de que la Organización de Naciones Unidas, a través de su comité de Derechos Humanos, haya reconocido que Cacho fue objeto de múltiples violaciones de sus derechos fundamentales.
“A nombre del Estado mexicano le ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos humanos en el marco del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión”, señaló Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos.
Video relacionado 4 de diciembre de 2018
El discurso de perdón llevó a Encinas a enumerar los cinco elementos por los que el Estado se disculpó: violación del derecho a la libertad de expresión; detención arbitraria; tortura como instrumento de investigación; violencia y discriminación en razón de su género; e impunidad y corrupción alentada por las instituciones.
Cacho fue detenida ilegalmente en Quintana Roo, nueve meses después de publicar su investigación, por diez personas que aseguraron ser policías del Estado de Puebla.
Los agentes la llevaron desde el sureste mexicano hasta el centro del país en un trayecto de 20 horas en carretera. La periodista fue víctima de tortura psicológica, tocamientos y amenazas de muerte.
2 de agosto de 2018
Todo ese episodio fue producto de la complicidad entre el empresario Kamel Nacif, involucrado en la red de pederastia, y el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín. Un audio de la conversación telefónica entre ambos, donde se exponía la colusión del poder político y económico para callar a la periodista, cimbró el 14 de febrero de 2006 a la clase política de México.
Las palabras del exgobernador y el empresario, que ahora se encuentra en prisión, resonaron en la sala. Tras aceptar la disculpa del Gobierno mexicano, la periodista puso las grabaciones que demostraron que su detención había sido ilegal. Las mismas que llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde los jueces determinaron, en 2007, que las violaciones a sus derechos no habían sido graves.
“Si las mujeres como yo hemos jugado hasta la vida por los derechos humanos, lo menos que puede hacer este país es proteger a sus periodistas”, dijo Cacho tras escuchar la disculpa del Estado. (ECHA- Agencias)