El Ministerio Público, a través de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Equipo 3), formuló acusación penal contra 19 individuos, incluyendo al parlamentario José Luna y antiguos integrantes del CNM, además de dos entidades corporativas por los presuntos ilícitos de organización criminal, enriquecimiento ilícito, entre otros cargos.
Conforme a la investigación fiscal, la supuesta red delictiva habría funcionado desde 2014, con el propósito de apoderarse de manera irregular de instituciones autónomas como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para posibilitar el registro aparentemente irregular del partido Podemos por el Progreso del Perú.
Penas solicitadas contra los principales imputados
El documento acusatorio solicita una condena de 22 años y ocho meses para José Luna Gálvez por organización criminal y cohecho activo específico; 16 años y cuatro meses para José Luna Morales por idénticos delitos; 16 años y cuatro meses para José Cavassa por organización criminal, cohecho y tráfico de influencias; y 26 años de cárcel para los antiguos consejeros del CNM Guido Águila y Sergio Noguera por organización criminal, cohecho pasivo específico y enriquecimiento ilícito.
La acusación incluye también como entidades jurídicas a la Universidad Privada Telesup y el partido Podemos por el Progreso del Perú, por presuntos delitos graves como organización criminal, cohecho activo específico y cohecho pasivo específico, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Para estas organizaciones se requirió una sanción económica de 500 UIT (S/ 2 775 000) y 250 UIT (S/ 1 337 500), en ese orden.
Adicionalmente, se requirió 10 años y cuatro meses de reclusión, junto con las sanciones complementarias de inhabilitación para desempeñar funciones públicas por tres años y ocho meses para otros antiguos empleados de la ONPE.
Etapas del supuesto esquema criminal
De acuerdo con el planteamiento fiscal, el comportamiento delictivo de esta causa abarca tres grandes etapas:
Etapa 1: Supuesta interferencia en la designación irregular del director de la ONPE
La presunta red criminal habría cooptado a antiguos integrantes del CNM mediante ventajas económicas procedentes de la universidad Telesup, con el fin de nombrar como director de la ONPE a Adolfo Castillo, quien habría resultado favorable para los propósitos de la organización.
Etapa 2: Supuesto control de la ONPE
Después del nombramiento de Adolfo Castillo, se habría colocado en posiciones clave del órgano electoral a empleados conectados a la presunta organización criminal, como antiguos trabajadores o relacionados a la mencionada universidad. Este control habría permitió ejercer dominio político interno dentro de la ONPE.
Etapa 3: Supuesto registro irregular del partido Podemos por el Progreso del Perú
Mediante trámites anómalos y con rapidez en la validación de firmas, empleados de la ONPE habrían favorecido el registro de dicha agrupación política, violando los principios de transparencia y legalidad electoral. Del mismo modo, se ha requerido impedimento de salida del país por 18 meses para 10 acusados.
El Ministerio Público presentó en esta causa un planteamiento mixto, con el sobreseimiento en un aspecto y acusación en el otro.
«Desde las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECOR) se reafirma el compromiso del Ministerio Público con una persecución penal estratégica y especializada, orientada a desarticular redes de poder que intentan capturar ilegalmente instituciones del Estado», señala la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada.
Foto Andina