Entre sus múltiples problemas, el Perú afronta dos de la mayor gravedad: uno referido a la seguridad ciudadana, y el otro concerniente al cambio climático producto de El Niño Costero y El Niño Global. No hay espacio de diálogo ciudadano en el que no se trate lo que hoy significa la presencia del crimen organizado y, consecuentemente, el despojo salvaje del derecho a la vida de gente inocente. Otro tanto ocurre con la presencia activa de los fenómenos conocidos como El Niño Costero y El Niño Global. El primero tiene vigencia anual y casi nunca recibe la atención adecuada para evitar sus daños. Y ahora se suma El Niño Global, cuya incidencia se concentrará, sobre todo, en la costa peruana, donde se registrarán los más graves perjuicios que tendrán que sufrir pueblos enteros, particularmente en el norte del territorio nacional.
Los más diversos sectores de la población tienen entre sus filas a gente que ha sido víctima de la canalla criminal, canalla que no tiene sentimiento alguno y que, envilecida hasta el extremo, mata por dinero. La extorsión ha golpeado a transportistas, modestos vendedores de emolientes y hasta pequeños y medianos empresarios, quienes han caído, increíblemente, por no pagar a tiempo las exigencias dinerarias de estos maleantes. No se trata, esta vez, de delincuentes de nacionalidad peruana: el mayor número de culpables es de procedencia venezolana, cuando no colombiana. Las autoridades conocen de sobra esta situación, y es cuestionable, por decir lo menos, que se limiten a sacarlos del territorio peruano y devolverlos a su país de origen, sin tener en cuenta que aquí quedan los compinches y que los deportados retornan por las fronteras del norte sin mayores obstáculos.
Y en cuanto a los fenómenos climáticos, llama la atención que recién se estén adoptando algunas tibias medidas, que no van a poder detener los graves daños que seguramente serán causados por El Niño Global y El Niño Costero. Hasta donde se sabe, las primeras medidas no son suficientes, y es menester, entonces, exhortar al Poder Ejecutivo para que ponga en marcha aquellas acciones que sus representantes prometieron antes de llegar a Palacio de Gobierno. Y en lo que se refiere al Poder Legislativo, con las reflexiones del caso, no debe caer en la mezquindad. Es aceptable la crítica y la autocrítica; se comprende el debate acalorado. Pero lo que no debe imperar es que, por ganar un aplauso barato, se condene a la población a daños irreparables, todo porque no hubo, en su momento, la acción responsable para mitigar los perjuicios que más tarde habrá que lamentar.
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