A menos de una semana para la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que tuvo que reubicar 386 mesas de sufragio en diferentes regiones del país. Esta decisión se tomó debido a problemas ocasionados por conflictos sociales, huelgas y situaciones internas en algunos locales inicialmente asignados.
Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE, señaló que esta medida tiene como objetivo asegurar el normal desarrollo de los comicios sin generar mayores inconvenientes para los ciudadanos. El funcionario destacó que se busca «mover lo menos posible las mesas», con la intención de evitar confusiones entre los votantes al momento de acudir a las urnas.
Entre los casos más críticos identificados por la ONPE están la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, así como la Universidad de Ucayali, donde problemas internos obligaron a trasladar las mesas de votación a otros centros habilitados.
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Además, la entidad enfrenta desafíos logísticos relacionados con el transporte del material electoral. Según el Mapa de Alerta de Conflictos Electorales (MACE), en la región Piura se detectaron retrasos debido a restricciones en el tránsito generadas por un paro agrario. En Alto Amazonas, el bloqueo de carreteras por parte de manifestantes del sector arrocero obstaculizó también el traslado de insumos.
En Purús, Ucayali, la operatividad limitada del aeropuerto de la zona, que es la única vía de acceso, supone un riesgo para el envío y posterior retorno del material electoral.
Por otra parte, el MACE reportó que continúan activas movilizaciones agrarias en Lambayeque y San Martín, mientras que en La Libertad diversos gremios evalúan unirse a las protestas convocadas.
La ONPE asimismo mantiene vigilancia sobre posibles afectaciones a locales de votación en Ica tras el reciente sismo de magnitud 6.1 y monitorea manifestaciones estudiantiles en universidades de Lima. Adicionalmente, informó sobre incidentes en varios puntos del país, incluyendo situaciones hostiles y actos de violencia verbal dirigidos contra su personal durante las jornadas de capacitación realizadas en Cajamarca, Piura y algunas provincias de Lima.
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Texto: WSV
Foto: Composición
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