Una férrea defensa de los decretos legislativos promulgados recientemente por el Poder Ejecutivo realizó el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Pese a los argumentos de expertos consultados por esas nuevas leyes, Otárola insiste en que estas respetan la Constitución y no afectan las acciones que tienen a su cargo el Ministerio Público.
“En el Gobierno nos hemos encargado que los decretos legislativos que se han expedido, que han sido 50, respeten escrupulosamente el marco constitucional –indicó-. En el caso concreto de la modificación al Código Procesal Penal, se ha respetado como siempre ha sido el rol principal y la facultad de conducir y la estrategia de la investigación del Ministerio Público“.
Luego de una sesión del Consejo de Ministros desarrollada en Palacio de Gobierno, Otárola expresó su saludo al comunicado emitido por la Junta de Fiscales Supremos, e indicó que el Ministerio Público está en todo el derecho de interponer las acciones que correspondan para la defensa de sus intereses. Agregó que la modificación a la normativa permite que ante un acto que amenaza la integridad y vida de las personas, se autoriza a la Policía Nacional del Perú para que intervenga y se inicien las investigaciones, con cargo a dar cuenta al fiscal.
✅ Ahora el premier Alberto Otárola informa los acuerdos y medidas aprobadas en la última sesión del Consejo de Ministros del 2023. Señaló que el titular del @Minsa_Peru presentó el estado del COVID en el país. pic.twitter.com/jAeRdi5omv
— Consejo de Ministros (@pcmperu) December 28, 2023
“El modelo garantista, oralizado, acusatorio y la conducción a cargo del Ministerio Público se ha respetado, lo que se ha hecho es que en situaciones excepcionales, donde esté en riesgo la integridad y vida de los ciudadanos, la policía de inmediato pueda investigar para dar cuenta luego al fiscal“, enfatizó.
El jefe del Gabinete explicó que “se mantiene inalterable el modelo acusatorio y la titularidad del Ministerio Público” para la conducción de la investigación del delito, aseguró que la PNP no puede levantar el secreto de las comunicaciones o intervenir de manera arbitraria sin la presencia de un delito flagrante.
(JA)
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