El conversatorio “Análisis del Acuerdo de Escazú” organizado por el Parlamento Andino se desarrolló en las instalaciones del Congreso de la República.
La viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, Fey Yamina Silva Vidal, dijo que el documento de Escazú se sustenta en la necesidad de preservar los recursos que no son ilimitados, los que en su explotación deben ser sostenibles. Afirmó asimismo que no es una limitación desde el punto de vista económico y en cambio se sustenta en tres ejes que armoniza la parte social, económica y ambiental.
La representante del Ministerio de Ambiente sostuvo que otro de los objetivos del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, es darle seguridad a los protectores y defensores medioambientalistas ya que nos encontramos en una de las regiones menos seguras para estas personas, constituyendo países como Colombia y Perú los de mayor incidencia.
La defensa de los recursos y cuidado del ambiente no se contradice con el desarrollo ni con la soberanía nacional, aseguró.
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Katia Bocanegra, de la Adjuntía de Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, aseguró que actualmente más del 60% de los problemas sociales en el país son de origen ambiental. Las comunidades demandan el respeto y cumplimiento al Convenio 169 sobre consulta previa y derecho a decidir sobre los lugares donde ancestralmente viven. Bocanegra también llamó la atención al número de defensores del medio ambiente asesinados en el país y en la región en eventos asociados a temas de tráfico ilícito de madera producto de la tala ilegal.
Bocanegra, asimismo, aseguró que los alcances del Acuerdo de Escazú no tienen carácter punitivo ni atentan contra la soberanía de los Estados firmantes, sino se basa en el principio de cooperación entre sus partes, no está sujeto a ningún órgano judicial internacional.
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