El parlamentario Juan Burgos, representante de Podemos Perú, requirió al primer ministro Eduardo Arana que brinde explicaciones ante la Comisión de Fiscalización respecto a los «fundamentos y legalidad» del comunicado oficial del Consejo de Ministros en respaldo de Nicanor Boluarte, familiar directo de la jefa de Estado Dina Boluarte.
Mediante documento formal dirigido al titular de la mencionada comisión, Elvis Vergara de Acción Popular, el congresista solicitó programar la citación del jefe del gabinete ministerial para una sesión cuya fecha está pendiente de definición.
Cuestionamiento legal al pronunciamiento oficial
«Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a su vez, en cumplimiento de la función de control político y fiscalización que corresponde al Congreso de la República, solicitarle que, se disponga la convocatoria del Presidente del Consejo de Ministros, señor Eduardo Melchor Arana Ysa, a fin de que informe a la representación parlamentaria sobre los fundamentos, alcances y legalidad del comunicado emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) el día 27 de agosto de 2025, referido al allanamiento realizado por el Ministerio Público al domicilio de Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la actual Presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, por sus presuntos vínculos ilícitos con la presunta organización criminal que lideraría el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez Antúnez», subrayó el legislador.
Burgos destacó que el hermano de la mandataria se encuentra bajo investigación fiscal por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias, relacionados con su supuesto enlace con la red denominada «Los Waykis en la sombra».
El congresista citó la Ley 29158, norma que regula el Poder Ejecutivo, la cual establece «con claridad» las atribuciones del gabinete ministerial, sin incluir entre estas la protección política de personas bajo investigación del ente fiscal.
Exigencia de justificación constitucional
«En tal sentido, corresponde que el señor presidente del Consejo de Ministros explique a la representación nacional las razones legales y constitucionales que justificarían un pronunciamiento de defensa política en este caso particular, considerando el principio de separación de poderes y la neutralidad institucional que debe regir al Poder Ejecutivo», mencionó.
«Por lo expuesto, agradeceré disponer las acciones pertinentes para garantizar la comparecencia del señor presidente del Consejo de Ministros ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría», añadió en su misiva.
El 27 de agosto último, la totalidad del Consejo de Ministros respaldó públicamente a Nicanor Boluarte y desde la sede del Ejecutivo emitió una declaración para objetar el operativo del Ministerio Público en el domicilio del hermano de la presidenta.
Los portavoces gubernamentales sostuvieron que existe una intención de «desestabilizar, politizar la justicia y hacer uso de ella como un arma de venganza política». La declaración fue presentada por el premier Eduardo Arana, quien contó con el acompañamiento de 15 ministros de Estado.
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Antecedentes del operativo fiscal
Durante la jornada del miércoles 27 de agosto, la fiscalía ejecutó una nueva diligencia de allanamiento en la residencia del hermano de la presidenta, como parte de una investigación adicional por supuestos actos de corrupción que lo comprometen.
Efectivos del Ministerio Público arribaron antes de las 6 de la mañana al inmueble en un procedimiento que abarcó varios distritos y que, según el defensor legal de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, corresponde a un nuevo proceso del cual no han recibido notificación previa.
Boluarte Zegarra está relacionado con uno de los cuatro episodios presuntamente ilícitos que habrían sido ejecutados por una supuesta organización criminal bajo el liderazgo del actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.
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De acuerdo con la fiscalía, Santiváñez representaría la figura «hombre clave» y, durante su gestión como ex ministro del Interior, habría coordinado con un grupo de individuos, incluyendo diversos abogados, con el propósito de respaldar presuntas acciones irregulares.
Por esta razón, el Ministerio Público también pidió el allanamiento de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial bajo la dirección de Juan José Santiváñez, sin embargo, esta parte del pedido fiscal fue denegada por el Poder Judicial.
Foto PCM