Plantean 8 años de cárcel para operadores de bots y trolls durante campañas electorales

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El partido político Ahora Nación ha propuesto un proyecto de ley que establece penas de prisión de entre 4 y 6 años para quienes creen, gestionen, financien, operen, dirijan o contraten granjas de bots y trolls con el fin de difundir acusaciones falsas o manipular la voluntad del electorado. La propuesta, liderada por el diputado César Muedas, introduce el artículo 12-B a la Ley N° 30096, Ley de Delitos Informáticos.

La pena aumenta a un rango de 5 a 8 años si existen agravantes como el financiamiento con fuentes prohibidas por la legislación electoral, la participación de autoridades electas o funcionarios públicos, el uso de recursos o infraestructura estatal, o cuando la operación utiliza inteligencia artificial y deepfakes para imputar declaraciones falsas a candidatos. Esta penalización también se aplica si la red forma parte de una organización criminal.

 

 

Es importante mencionar que este tema está siendo debatido en varios países de la región, especialmente tras la detención del argentino Fernando Cerimedo, presuntamente vinculado a una red internacional de desinformación en campañas electorales en países como Bolivia, Brasil, Argentina y Chile.

Según el documento, el Jurado Nacional de Elecciones registró 704 alertas de desinformación electoral durante los once meses previos a febrero de 2026. De estas, 242 ocurrieron en diciembre de 2025 y 215 en enero de 2026.

 

 

 

El proyecto modifica la Ley del Servicio Civil para considerar como falta disciplinaria sancionable con suspensión o destitución el que un servidor público cree, administre o financie una red de cuentas falsas utilizando recursos públicos. Asimismo, modifica la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, para calificar como infracción muy grave que un partido cree, financie o contrate este tipo de redes para difundir acusaciones falsas contra una autoridad o candidato.

 

 

La iniciativa también establece que los partidos y candidatos deben declarar ante la ONPE los gastos dedicados a publicidad digital, contratación de agencias de comunicación, gestión de cuentas y contratación de sistemas de inteligencia artificial. Además, la ONPE, el JNE, el Ministerio Público y la PNP deberán coordinar mecanismos para prevenir, investigar y perseguir estas actividades.

 

 

 

 

Texto: WSV
Foto: Composición

 

 

 

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