El pleno del Congreso aprobó el dictamen que faculta al Poder Ejecutivo a legislar, durante 90 días, en temas de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres, meritocracia e infraestructura social y calidad de proyectos.
La votación mediante la cual se dio el visto bueno a este tema fue de 80 a favor, 24 votos en contra y 13 abstenciones. El dictamen fue exonerado por la Representación Nacional de una segunda votación, con lo cual quedó expedito para su promulgación.
La presidenta de la Comisión de Constitución, Marta Moyano (FP) fue la encargada de sustentar el contenido del dictamen. Refirió que, para la elaboración del mismo se pidió la opinión a 16 comisiones del Parlamento.
“Hemos recogido algunos elementos presentados por el Ejecutivo, pero otros no”, precisó. “Este no es un cheque en blanco”, añadió la parlamentaria, señalando que en el dictamen se ha establecido que a los 60 días de promulgada esta ley, el gobierno informe sobre lo que está haciendo en función de las facultades legislativas que se le otorgan.
Asimismo, Moyano argumentó a favor de la aprobación de la iniciativa afirmando que “hay tiempos como estos en los que el interés nacional prima sobre todo”. “El tema de la inseguridad ciudadana nos compromete a todos”, acotó.
Argumentos para la delegación
En ese sentido, afirmó que lo que el Congreso está haciendo es “entregar herramientas” para que la presidenta Dina Boluarte las aplique en defensa de los ciudadanos.
“Este Congreso no se puede poner de espaldas” al tema de la inseguridad, señaló, refiriéndose a las bancadas que propugnaron no votar a favor del dictamen. En ese sentido, Moyano pidió a los congresistas reflexionar sobre las críticas que podrían lanzarse desde el Ejecutivo y otros sectores si no se le dan las facultades solicitadas sobre un tema como ese.
Con respecto al tema de seguridad ciudadana, la parlamentaria indicó que se ha incluido una precisión a fin de garantizar el respeto a la libertad de expresión e información y de evitar que desde el gobierno se restrinja la labor de la prensa.
Así, en lo que se refiere a las modificaciones que el Ejecutivo pretende efectuar respecto a delitos contra la seguridad pública, se consigna que ello debe hacerse “sin que se criminalicen la libertad de información, de opinión, de expresión, de difusión de pensamiento, así como el derecho de reunirse pacíficamente sin armas y otros derechos fundamentales”.
Moyano informó además que se decidió no incluir entre los temas materia de facultades legislativas aquellos que son objeto de dictámenes existentes en el Parlamento. Entre ellos se encuentran algunos planteados por el mismo gobierno, pero también otros propuestos por los parlamentarios durante el debate, como los referidos a las motos lineales y a las pensiones de jubilación.
ANDINA
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