El gobierno de Perú manifestó su preocupación por el proyecto del nuevo Código Penal que se discutirá desde hoy en el Congreso y que disminuye las penas para una serie de delitos graves, informaron fuentes oficiales.
En una presentación de ministros ante los periodistas, el titular del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, señaló que esas medidas se plantean cuando lo que se requiere en su país es enfrentar de manera drástica a la delincuencia.
“Preocupa que este proyecto esté rebajando penas, cuando todos sabemos que tenemos el problema de la seguridad ciudadana, escuchamos que debe haber mano dura y acá más bien se rebaja penas”, señaló.
Pérez Guadalupe mencionó el delito de usurpación agravada que, según dijo, en el proyecto de Código Penal elimina la figura “agravada” cuando se trata de áreas naturales protegidas por el Estado.
También expresó su preocupación por la propuesta de reducción de condena para los delitos vinculados con la interceptación ilegal de las comunicaciones, que actualmente contempla penas de 5 a 10 años de prisión y se plantea rebajar de 4 a 6 años.
El ministro mencionó, además, la posible reducción hasta a 20 años de cárcel para quienes maten a policías, magistrados, fiscales y autoridades elegidas, que en la norma actual comprende de 25 a 35 años de prisión.
Pérez Guadalupe invocó, en ese sentido, al Congreso a “debatir, conciliar y trabajar” de manera profunda estas observaciones.
La ministra de la Mujer, Marcela Huaita, también señaló que el nuevo Código Civil comprende “contrarreformas” en la lucha contra la violencia familiar y sexual.
Huaita dijo que se excluyen las reformas aprobadas “para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y el grupo familiar”, y que los conceptos extendidos a la violencia ejercida por padrastros, madrastras, hermanos, hermanas, primas, primos tampoco están contemplados en el proyecto de ley.
Agregó que la propuesta sobre faltas contra la persona solo aumenta la pena si la víctima es menor de 14 años, y tampoco se define adecuadamente el tipo penal de explotación sexual infantil, que es denominada “prostitución” de menores.
“No existe prostitución infantil. Debemos llamar las cosas por su nombre, diferenciarlas y sancionarlas acorde a ello. En el caso que haya involucrados menores de edad, siempre estaremos ante un delito de explotación sexual“, enfatizó.
Huaita pidió “reflexión” a los congresistas para que reafirmen la posición de un Estado “firme contra la violencia familiar y sexual en todas sus manifestaciones” y que de prioridad a los niños, niñas, adolescentes y mujeres.
El ministro de Justicia, Aldo Vásquez, también mencionó la desproporción entre algunas penas y delitos, ya que se establece hasta cadena perpetua para el sicariato y un máximo de 35 años de prisión para el genocidio.
El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, sostuvo, a su turno, que el debate del proyecto del nuevo Código Penal debe ser “amplio y recoger las opiniones” de toda la sociedad.
“Lo que todos deseamos es un Código Penal que garantice en nuestra sociedad un modo civilizado de vida, con un pleno Estado de Derecho y la vigencia de todas las garantías de los ciudadanos”, remarcó.
Cateriano consideró que es “de suma importancia” la aprobación de un nuevo Código Penal y saludó “la iniciativa del Congreso de dar inicio a este debate de gran importancia para la sociedad”.
Tras conocerse el pronunciamiento del Ejecutivo, el presidente del Congreso, Luis Iberico, anunció que ha solicitado a Cateriano que remita sus observaciones y aportes sobre el nuevo Código Penal para que sean tomados en cuenta en el debate.
“El Poder Ejecutivo está en su derecho de hacer alguna preocupaciones y anotaciones. Las tomamos, porque nuestro espíritu es democrático, además porque todo es perfectible y mejorable”, acotó.
EFE/Foto: Andina