Una deuda por reparación civil impuesta que alcanza aproximadamente los S/ 57 millones de soles por tres casos en los que fue sentenciado por el Poder Judicial tiene, a la fecha, el dictador Alberto Fujimori.
La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción informó en un comunicado que este monto incluye los intereses generados por el no pago de la reparación civil impuesto por el Poder Judicial en favor del Estado por tres hechos: el allanamiento irregular a la vivienda de Vladimiro Montesinos, la compra irregular de Cable Canal y el pago de la CTS a su exasesor.
Explicó además que dicha suma no puede ser cobrada mediante la incautación de su pensión vitalicia, pues el dictador desistió de cobrar una pensión del Congreso en su condición de expresidente y no registra ningún bien o propiedad a su nombre que pueda ser embargada como cobro de la reparación civil.
La Procuraduría precisó que el recurso declarado fundado por el Tribunal Constitucional no libera al condenado de pagar la reparación civil al Estado.
Finalmente, la entidad que defiende los intereses del Estado afirmó que el Ministerio Público debe garantizar la permanencia del procesado en el territorio nacional respecto de los casos pendientes de extradición.
(JA)
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