Un proyecto de ley que propone la pena de cadena perpetua para la trata de personas y explotación sexual en agravio de menores de 14 años y personas con discapacidad, así como la no caducidad de las requisitorias por este delito, fue presentado por el congresista Miguel Ángel Ciccia (Renovación Popular).
La propuesta legislativa busca también que se aplique dicha pena en los supuestos de extracción y tráfico de órganos en contra de dicho grupo poblacional. Agrega que su finalidad es propiciar herramientas para la implementación y desarrollo de políticas públicas, a fin de actuar con eficacia en la administración de justicia para perseguir y sancionar estos delitos.
Para ello, informó la agencia Andina, se plantea incorporar un inciso en el artículo 153 del Código Penal, en donde se establecerá que la pena será de cadena perpetua si el delito de trata de personas se comete contra un menor de 14 años mediante amenaza u otro medio, con la finalidad de obtener un aprovechamiento económico.
“También se aplicará dicha pena si el agente tiene a la víctima bajo su cuidado o vigilancia por cualquier motivo, o mantiene con ella un vínculo de superioridad, autoridad, poder o cualquier otra circunstancia que la impulse a depositar su confianza en él”, refiere.
De igual modo –agrega la nota de prensa-, si quien comete el delito ejerce, gestiona la explotación sexual, la extracción, tráfico de órganos, tejidos somáticos o sus componentes humanos, así como cualquier otra forma análoga de explotación. Por último, se penará el delito con cadena perpetua cuando el agente comete el delito de trata de personas en agravio de personas con discapacidad, según lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.
La iniciativa de Ciccia plantea además modificar el numeral cuarto del artículo 261 del nuevo Código Procesal Penal, sobre la detención judicial preliminar, a fin de que las requisitorias cursadas a la autoridad policial por trata de personas no caduquen hasta la efectiva detención del requisitoriado. Por último, en las disposiciones complementarias finales se plantea encargar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reglamentar la norma en un plazo de 30 días hábiles posteriores a la publicación de la presente norma.
En la exposición de motivos, el proyecto refiere que, solo en 2022, las 14 fiscalías especializadas del país reportaron 638 casos de trata de menores de edad, cifra que representa el 45% del total de casos por este delito.
Con información de Andina
(JA)
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