El Ejecutivo busca reducir el hacinamiento en cárceles y liberar agentes penitenciarios para reforzar el control frente a internos de alta peligrosidad.
El gobierno de Keiko Fujimori proyecta habilitar hangares militares en desuso para albergar a presos por delitos leves, como omisión de asistencia familiar, con el fin de desahogar los penales del país.
🏛️ Coordinación con Defensa y descongestionamiento penal
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, informó que el Ministerio de Defensa gestiona la adecuación de estas infraestructuras castrenses inactivas para recibir a los reclusos de mínima peligrosidad que no registren antecedentes por actos violentos.
La iniciativa busca que el personal penitenciario priorice la vigilancia sobre los internos de alto riesgo y optimice los recursos de seguridad en los recintos tradicionales.
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📊 Cifras del Sistema de Información Estadístico Penitenciario (SIEP)
Los registros del SIEP a mayo de 2026 detallan el impacto carcelario por incumplimiento de deberes alimentarios:
Población total por alimentos: 2,672 internos recluidos por este motivo.
Sentenciados: 1,962 personas cumplen condena efectiva.
Procesados: 710 reclusos bajo proceso judicial en curso.
🔒 Restricción de beneficios y resguardo militar
El plan legislativo del Ejecutivo incluye además endurecer las condiciones para crímenes graves. Se plantea suprimir las reducciones de pena por terminación anticipada en casos de secuestro, sicariato y extorsión.
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Por otra parte, frente a un Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) que registra poco más de 7,000 custodios, el proyecto propone permitir que las Fuerzas Armadas apoyen de forma temporal y excepcional en la seguridad perimétrica externa de las cárceles, dejando el control interior a los agentes penitenciarios.
Foto Andina