La organización advierte que el Estado aún no crea un programa presupuestal ni financia la política nacional para atender a las víctimas.
Perú registró 1.994 casos de trata de personas entre enero y agosto de 2026, informó CHS Alternativo este miércoles, Día Nacional contra la Trata de Personas, y advirtió brechas en la respuesta del Estado.
Desde 2023, los casos superan los 9.500. Según la organización, esta cifra muestra la magnitud de un delito que requiere «una respuesta sostenida de prevención, persecución, protección y reintegración» por parte del Estado.
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📋 Una política con brechas
El Estado cuenta desde 2021 con una Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030. Sin embargo, CHS Alternativo sostuvo en un comunicado que persisten brechas que limitan su aplicación.
Uno de los pendientes prioritarios es crear el programa presupuestal multisectorial. Según la legislación vigente, este programa debe estar orientado a resultados para implementar las políticas frente a la trata de personas.
El director ejecutivo de CHS Alternativo, Ricardo Valdés, advirtió que han pasado más de siete años y esta obligación sigue pendiente. Añadió que la falta del programa limita la capacidad del Estado para prevenir, investigar y sancionar el delito, y para garantizar servicios de protección y recuperación para las víctimas.
💰 Presupuesto insuficiente
Otro pendiente es garantizar recursos para ejecutar la Política Nacional al 2030. Estos son los datos principales:
Monto requerido: un estudio realizado a pedido de CHS Alternativo en 2023 estimó que se necesitan al menos 1.159 millones de soles (343 millones de dólares).
Monto asignado: el presupuesto de los últimos años representa apenas el 1 % de esa cifra.
Servicios para víctimas: de los 17 servicios previstos para la atención y reintegración, solo cuatro recibieron asignación presupuestal específica.
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💻 Ley sin reglamento
Hace tres años se publicó una ley para que los establecimientos que ofrecen acceso a Internet en espacios públicos cuenten con registros y filtros. Su objetivo es impedir que niños y adolescentes accedan a contenidos pornográficos y violentos.
Sin embargo, la norma aún no se ha reglamentado. «Sin esta reglamentación, las municipalidades y los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (CODISEC) enfrentan limitaciones para fiscalizar el cumplimiento de estas medidas y sancionar a los establecimientos que las incumplan», precisó CHS.
⛏️ Trabajo forzoso y economías ilegales
La organización señaló que la trata de personas no se limita a la explotación sexual. El trabajo forzoso también es una finalidad de este delito y puede presentarse en economías ilegales como la minería ilegal.
En estos casos, las personas pueden ser captadas con falsas ofertas de trabajo y sometidas a condiciones precarias y amenazas.
CHS recordó que existe legislación para prevenir, erradicar y sancionar el trabajo forzoso. Aun así, persisten brechas en la detección, fiscalización, registro e investigación, sobre todo en zonas alejadas y con poca presencia del Estado.
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🗣️ Llamado a una estrategia nacional
Valdés sostuvo que una política nacional y normas específicas no son suficientes sin presupuesto, servicios especializados y mecanismos efectivos de seguimiento.
«Necesitamos una estrategia nacional de prevención validada que articule las acciones del Estado, establezca prioridades y permita medir resultados. Para que esta respuesta sea efectiva, también se requieren recursos suficientes y sostenidos para implementar las medidas previstas y garantizar servicios especializados», subrayó Valdés.
Foto Andina